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“Eutanasia”: la historia interminable

El 18 de marzo de 2021 el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta un texto que regulará la práctica que se denomina, con evidente impropiedad, «eutanasia» (del griego «euthanasía» que el DRAE traduce como ‘muerte dulce’) y que en realidad consiste «en la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada, crónica o terminal» (Conferencia Episcopal Española, Cuestiones sobre la eutanasia).

El momento era particularmente apropiado para que se hubiera promovido una oposición activa durante la última gestación del proyecto que responde a una vieja aspiración comunista con amplias complacencias entre algunos liberales: la primera iniciativa parlamentaria al respecto se presentó por Izquierda Unida en 1998. En plena pandemia que ha causado un número de muertes imposible de determinar por la opacidad gubernamental pero que sin duda supera con creces las cifras reconocidas oficialmente (72.910, según el balance del Ministerio de Sanidad del que informaba RTVE el mismo día). Y con una situación sociosanitaria previa a esta crisis en la que miles de personas siguen esperando unos cuidados paliativos adecuados y otras tantas mueren sin haber recibido las ayudas a la dependencia que se gestionan en interminables listas de espera.

En este escenario, la ultraizquierda gubernamental y parlamentaria ha encontrado compañeros de viaje en el resto de la cámara que comparten su anomia antropológica y el apenas disimulado desprecio hacia el sufrimiento de los enfermos crónicos y terminales que conlleva hablar ahora de «muerte digna». El texto se ha aprobado con la excepción de los diputados de VOX, PP y UPN (202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones) y, a pesar de que se refiere a derechos fundamentales, no reúne los requisitos de una ley orgánica. Tampoco se ha dado voz en su gestación a un adecuado debate moral, médico y jurídico en el que se escuchen voces autorizadas. El resultado son numerosos interrogantes en lo que se refiere a la regulación de la objeción de conciencia, situaciones limitantes de la capacidad (enfermedad mental, menores de edad, incapacidad legal y de hecho), inseguridad jurídica de pacientes y médicos, plazos de reflexión… Por último, esta normalización legal provoca el consiguiente efecto de indefensión entre las personas que más sufren y que, por eso mismo, deberían recibir un apoyo mayor de la sociedad y de las instituciones.

Una vez más, la «cultura de la muerte» ha impuesto en España su lógica implacable. Las grotescas apelaciones de la derecha conservadora a la Constitución para impedir la aplicación de esta ley, nos suenan a medio camino entre el cinismo y la estupidez y obligan a recordar lo ocurrido con pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional que, o bien se restrasan «sine die» o convalidan sistemáticamente las iniciativas legales de sus mentores. Basta recordar la composición de este organismo para profetizar, con escaso margen de error, la naturaleza de sus pronunciamientos.

Aborto, manipulación genética, eutanasia… suma y sigue

El último engendro legislativo del sistema se sitúa en estricta continuidad con los anteriores. Baste aludir a las disposiciones que han vulnerado el marco humano de la sexualidad y de la reproducción dejando en la indefensión a los embriones o a la última regulación del aborto, impuesta por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010 y consolidada tras la ocupación del poder por Mariano Rajoy. Pero, además, es patente el error de algunos activistas «pro-vida» o de instancias confesionales que tratan todo esto como un punto aislado sin tener en cuenta que las ideologías que están detrás de estas leyes utilizan el aparato del Estado y los numerosos ámbitos de subvención y corrupción existentes para generar mecanismos de adoctrinamiento y cambio social. Lo que algunos han llamado «consenso progre» funciona sistemáticamente, por lo que no cabe atribuir estas iniciativas exclusivamente a la «nueva izquierda» o al «marxismo cultural». El comportamiento errático del PP en relación con la defensa de la vida ha sido paradigmático en este sentido. Y el tiempo nos dirá cual va a ser la trayectoria de VOX al respecto.

Los antecedentes y el contexto de la ofensiva que estamos sufriendo, nos obligan a preguntarnos por la respuesta ante la misma de la Iglesia en España. Hace unos años, cuando se amplió la legislación permisiva del aborto, el episcopado repitió lo que se había hecho en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Y, sobre todo, sin sacar ninguna consecuencia sobre la posición en que quedan las autoridades y las instituciones del Estado tras la aprobación y aplicación de dichas leyes. Es más, los pronunciamientos del episcopado deplorando algunas de estos ordenamientos conviven con encendidos elogios a la «Transición» y a la Constitución que los han hecho posibles. Así, solamente por citar dos ejemplos, Cañizares, afirma que la Constitución Española «respeta y se asienta en el vínculo entre verdad, derechos y libertades» y Rouco Varela veía en Juan Carlos de Borbón «motivos de inspiración para mirar adelante con fortaleza». Cuando se razona así se está olvidando el argumento inapelable del entonces Obispo de Cuenca acerca del aborto y que cabe aplicar «mutatis mutandis» a otras iniciativas legales:

«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)» (José GUERRA CAMPOS, Moral católica y monarquía constitucional. La responsabilidad moral del Rey en la sanción de las leyes, in: Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, 7 (1985) 84).

A los males objetivos del texto constitucional hay que añadir una práctica particularmente perversa. En todas las convocatorias electorales, y fieles a las consignas que se les han hecho llegar desde las instancias oficiales del episcopado, el voto de los católicos españoles se ha venido otorgando sistemáticamente a partidos que luego desde el poder sostienen las iniciativas legales que venimos glosando y otras no menos lesivas del bien común. Al mismo tiempo los obispos avalan un sistema cuyas consecuencias luego lamentan y, cada vez que se ven obligados a hablar, es para condenar los «avances sociales» logrados por unos políticos que conducen sin fisuras la nave de la historia en una misma dirección y que, para más escarnio, en algunas ocasiones se presentan públicamente como creyentes y cristianos.

¿Qué se puede esperar ahora?

En relación con la ley vigente se pueden recordar algunos principios que, en la Carta Pastoral citada, el Obispo de Cuenca aplicaba a la legalización del aborto (loc. cit., 83-85):

No puede cesar la oposición a la ley: «La oposición a otras leyes cesa en el momento de ser promulgadas; se acatan aunque sean insatisfactorias. Esta no. Después de su promulgación es cuando empieza lo peor, lo intolerable. Mientras la ley dure, hay que denunciarla rechazarla, exigir su revocación».

Es inmoral cooperar en la aplicación de la ley: «El Estado no tiene autoridad para obligar a los médicos y demás sanitarios, ni a ningún funcionario, a esa cooperación, a la que en conciencia deben negarse. Un mandato del Poder público en ese sentido, no sólo sería desacertado, sino radicalmente perverso y nulo».

Ruina moral de la sociedad: «Mientras dure esta situación, un socavón terrible amenaza los cimientos de la sociedad […]». El rechazo a estas leyes «obliga a revisar la predicación moral sobre la estructura de la sociedad. Obligación que incumbe igualmente a la Corona. Es contradictorio dar por bueno un sistema que lleve legítimamente a efectos inadmisibles. No es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir».

Por nuestra parte, además de volver a formular las «Diez preguntas, sin respuesta» que en ocasiones semejantes hemos dirigido a la Conferencia Episcopal Española, no queremos dejar en el aire un principio fundamental. La teología católica señala un fundamento trascendente a la comunidad política: la propia creación (pues reposa sobre la naturaleza social y política del hombre) elevada al orden sobrenatural. Su finalidad es procurar el bien común, que no se entiende como suma de los bienes individuales, sino como unión superior de todos los bienes humanos y que, por tanto, no puede excluir la salvación eterna de sus miembros. Y a dicha finalidad debe ordenarse, en última instancia, tanto la obra de los gobernantes como la acción política de los ciudadanos.

Inculcar esta doctrina y promover el reemplazo de la Constitución vigente por otras leyes fundamentales, debería ser la enseñanza moral que, inspirada en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, se haga llegar al pueblo español.

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Padre Ángel David Martín Rubiohttp://desdemicampanario.es/
Nacido en Castuera (1969). Ordenado sacerdote en Cáceres (1997). Además de los Estudios Eclesiásticos, es licenciado en Geografía e Historia, en Historia de la Iglesia y en Derecho Canónico y Doctor por la Universidad San Pablo-CEU. Ha sido profesor en la Universidad San Pablo-CEU y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es deán presidente del Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres, vicario judicial, capellán y profesor en el Seminario Diocesano y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe. Autor de varios libros y numerosos artículos, buena parte de ellos dedicados a la pérdida de vidas humanas como consecuencia de la Guerra Civil española y de la persecución religiosa. Interviene en jornadas de estudio y medios de comunicación. Coordina las actividades del "Foro Historia en Libertad" y el portal "Desde mi campanario"

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