LA DIVISIÓN “POLÍTICA” DE LA IGLESIA ESPAÑOLA DESDE 1975
La trayectoria indicada de la Iglesia española en el tramo histórico que va de 1965 a 1975 genera una sensible división. No se trata sólo de un fenómeno de discrepancia política sino de ésta mezclada con la pastoral y eclesial. Lo que impide en su momento cerrar la herida es el empeño en dar explicaciones de la división ignorando el sentir verdadero de muchos católicos; por ejemplo, apelando a la dicotomía “demócratas-franquistas”, o bien señalando como única causa de tensión entre los aperturistas y los retrógrados la falta de visión de los últimos del “nuevo rumbo” de la humanidad.
Los motivos eclesiales de discordia se han de referir a los tres elementos de la “nueva línea” enunciada en el apartado anterior:
1: Falta de orientación en cuanto al orden constitucional. Los católicos que saben que, según la doctrina de la Iglesia, no basta la libertad en el pluralismo, no ven claramente promulgada la obligación de los ciudadanos de mantener en cualquier ordenación política unos valores absolutos que exigen subordinación de las leyes convencionales a la ley moral o natural, así como promoción de condiciones propicias para vivir según aquellos valores, y rechazo de un permisivismo que tienda a anularlos. La desorientación en ese punto se refleja en el caos mental que se produce en torno a la confesionalidad. Se confunden las acepciones más dispares: el compromiso de inspiración moral (obligatorio para los ciudadanos católicos), la interdependencia institucional entre Iglesia y Estado, el sometimiento a apreciaciones contingentes de los Pastores. No se advierte que la autonomía de lo político no ha de ser menor con confesionalidad que sin ella. Y, como guinda, los católicos verán cómo la indeterminación en este punto lleva a que se imponga de hecho, amparada por la Constitución, otra “confesionalidad”, la no cristiana o “laicista”, hasta llegar a la legitimación del crimen del aborto.
2: Este vacío en la raíz oscurece el segundo elemento de la nueva línea: la predicación moral sobre el orden político, en uso de la libertad que a la Iglesia compite dentro del pluralismo social. Durante años, los católicos se desorientan por un déficit de predicación, pues ante la agresión pública a valores morales hay un silencio de la “denuncia profética” tan urgida antes para oponerse al franquismo. Algunos teólogos postulan que la Iglesia suscriba, como valor supremo de la convivencia cívica, la ética del liberalismo para así renunciar al monopolio de una predicación moral (15).
La desorientación crece con reiteradas incongruencias entre el juicio sobre el sistema predicado en las declaraciones generales, y el juicio implícito en las aplicaciones concretas. En éstas el sistema se declara “conforme a la voluntad de Dios”; la clase política entiende que se acepta su idea de pluralismo, es decir, que la Iglesia estima moralmente lícita cualquier ley dada conforme a la Constitución, aunque recuerda a los católicos que deben vivir según su propia moral. Pero en una serie de casos (aborto, educación, divorcio…) los Obispos rechazan por razones morales ciertas leyes aun siendo éstas conformes al sistema constitucional. El rechazo, pues, afecta al sistema, pero no se enseña lo que en éste precisa de reforma.
Se van multiplicando las denuncias de leyes y actos de gobierno, de la utilización de medios públicos como ariete contra la sociedad cristiana; se habla de una agresión sistemática tendente a demoler la tradición católica de España…etc., y con todo, se insiste en tratar todas las denuncias como “puntos aislados” que se diluyen en generalizaciones complacientes y esperanzadas. Resultado: desorientación y sorpresa en unos y otros:
2a: En los políticos, satisfacción con las generalizaciones y reacción descalificadora ante cada una de las denuncias particulares como si la Jerarquía traicionase un compromiso.
2b: En los ciudadanos católicos, gran confusión. Muchos piensan que se repudian los efectos mientras se avalan las causas, y se preguntan si, mientras se bendice una abstracción a la vez se dejan indefensos valores irrenunciables. Católicos a la hora de votar no logran entender qué significa el consejo de “decidir en conciencia” (¿referencia a la doctrina católica o simple autonomía subjetiva?) o qué tipo de “cooperación al mal” debe ser excluido del todo. Y van observando cómo a través de votos cristianos se fabrican los pilares de una sociedad anticristiana.
3: Todo lo dicho enlaza con el tercer supuesto de la “nueva línea”: la tutela de los valores cristianos en la vida pública se encomienda a los ciudadanos católicos. Los factores de confusión indicados, y la falta de unanimidad en los grandes criterios, inhiben y paralizan el servicio eficaz a dichos valores. Muchos andan paradójicamente afiliados a partidos que los atacan como católicos; y los políticos “cristianos”, alérgicos a todo fantasma de confesionalidad, apenas estiman tales valores como prioritarios, jugando con ellos a la transacción. Se pone de moda referirse al “humanismo cristiano”, lema casi vacío. A la vez, los Obispos, obsesionados por evitar “bandos” religiosos, frenan a las agrupaciones de ciudadanos católicos en cuanto pasan de expresar su opinión a ejercer presión políticamente eficaz (esta tendencia continuará hasta bien entrada la década de los ochenta, cuando empiece a esbozarse una tímida reacción verbal en favor de una reacción efectiva de los seglares católicos).
En fin: apenas hay presencia seglar de la Iglesia católica en la vida pública. Paradoja: cuando más se habla de “mayoría de edad” del laicado, la acción política de los ciudadanos respecto a los valores cristianos es acaparada por el Episcopado, único interlocutor ante el Poder Civil; cómodo para éste, insuficiente para la comunidad católica.
Continuará…
NOTAS:
(15): Cfr. R. Díaz Salazar, “Iglesia, dictadura y democracia” (prólogo de Álvarez Bolado), Madrid, 1981
