Es lamentable ver cómo un hombre envejece persistiendo en sus errores. Tal es el caso de Pier Gieorgio Liverani, director entre 1981 y 1983 y posteriormente enviado especial del diario Avvenire, órgano de la Conferencia Episcopal Italiana. Liverani se cuenta entre los fundadores del Movimiento por la Vida, que surgió tras la aprobación de la desgraciada ley 194, que introdujo el aborto en Italia.
En 1981, el Movimiento por la Vida promovió un referéndum sobre la abrogación parcial de la mencionada ley, la cual, de haberse aprobado, habría introducido la legalización del aborto terapéutico durante los nueve meses de embarazo, la financiación pública de los abortos legales, la obligación de llevar a cabo todos los abortos solicitados en los centros hospitalarios y la distribución gratuita por parte de los consultorios de anticonceptivos, incluida la píldora del día después, a menores de edad. Fue el comienzo de la estrategia del mal menor, que, haciendo una concesión tras otra, ha acarreado el suicidio del movimiento pro vida y, sobre todo, la presente catástrofe moral. «Basándose en esta estrategia –escribía Mario Palmaro en La nuova bussola quotidiana el 1º de mayo de 2013, los católicos metidos en política –así como todos los medios de difusión que los respaldan– no deben limitarse (sic) a afirmar los principios no negociables oponiéndose a los proyectos de ley que los niegan, sino que también deben emprender iniciativas promoviendo leyes que sólo afirmen en parte dichos principios, pero impidan la aprobación de leyes peores».
La tesis del mal menor es la misma que llevó al cardenal Elio Sgreccia (1928-2019) a aceptar el batiburrillo de la ley 40 del 19 de febrero de 2004 sobre la llamada procreación asistida, que rechaza la fecundación artificial heteróloga pero permite la homóloga.
La profesora Marisa Orecchia, figura destacada del movimiento provida italiano, comentó con estas palabras la postura del cardenal Sgreccia en el nº1597 de Corrispondenza Romana del pasado día 3: «Se trataba de una opción oportunista en nombre de cierto realismo político consciente de que no se aprobaría un rechazo global a la procreación asistida. Pero era asimismo una opción que, renunciando a poner en tela de juicio la fecundación extracorpórea en sí, causan una matanza cuyas cifras, a quince años de distancia, nos resultan hoy catastróficas.
»Ahora bien, la peor renuncia fue la de negarse a decir la verdad en su totalidad: si realmente aquella ley contaba con el imprimatur católico estando avalada por un príncipe de la Iglesia y era una postura compartida incondicionalmente por todo el orbe católico, con la Conferencia Episcopal Italiana y Avvenire en primera fila, tenía que ser buena, no podía ponerse en discusión ni menos aún desaprobarse. Todos los que, sobre todo en el Movimiento por la Vida, no se resignaron a adherirse a esa línea e intentaron romper el silencio mediático exponiendo razones basadas en el derecho natural y en el bien de la familia, fueron objeto de censuras y condenados al ostracismo».
Irritado por el mencionado artículo, Pier Giorgio Liverani ha querido intervenir defendiendo la postura de Sgreccia en una carta al director de Avvenire, Marco Tarquinio, publicada el pasado día 11 en el periódico de los obispos. Escribe Liverani que «cuando existe la posibilidad de mejorar, aunque sea parcialmente, una situación injusta, es un deber hacerlo a fin de salvar la mayor cantidad posible de víctimas». Y, a modo de justificación, cita un pasaje de Evangelium vitae que dice: «Puede lícitamente ofrecer apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos» (§ 73).
Decepciona que Liverani quiera oponer un pontífice canonizado por la Iglesia por la Iglesia en contradicción con el Magisterio de la propia Iglesia, que enseña que nunca se puede hacer un mal para obtener un bien. El pasaje de Evangelium vitae hay que entenderlo a la luz de las enseñanzas del propio Juan Pablo II en Veritatis splendor. Es más, como señalaba el abogado Claudio Vitelli en dos artículos fundamentales sobre este tema publicados respectivamente en la revista Lepanto nº162 (diciembre de 2002), y 163 (junio de 2003), la tesis de la limitación de daños yerra porque no se basa en la bondad del bien deseado, sino en el cálculo de resultados previstos, cayendo así en el error del proporcionalismo, condenado por Juan Pablo II con las siguientes palabras: «La ponderación de los bienes y los males, previsibles como consecuencia de una acción, no es un método adecuado para determinar si la elección de aquel comportamiento concreto es, según su especie o en sí misma, moralmente buena o mala, lícita o ilícita» (Veritatis Splendor, §§ 65, 74 e 77)..
El criterio recto del juicio moral es el absoluto-objetivo, que califica una acción de buena o de mala según respete o vulnere la ley natural y divina, considerándola ante todo en sí y de por sí, o sea en cuanto a objeto, sus circunstancias y sus consecuencias particulares. El criterio proporcionalista es, por el contrario, relativista, porque califica una acción de mejor o peor en base a cómo mejore o agrave una situación dada. Así, se puede tolerar un mal absteniéndose de reprimirlo; puede incluso regularse un mal autorizándolo, porque eso supondría aprobarlo haciéndose cómplice de él (cf. Ramón García de Haro, La vida cristiana, EUNSA, Pamplona 1992).
Para que sea moralmente válida, y pueda por tanto promoverla un parlamentario católico, una ley debe tener su propia integridad: tiene que ser justa en su totalidad, al menos en el sentido de que ninguna de sus disposiciones contradiga formalmente la ley natural y divina. Si una ley contiene una sola disposición intrínseca y objetivamente inmoral, carece del bien debido. Es una ley inválida, porque se opone a le ley divina y al bien común, siendo por tanto ilícito aprobarla. «Si una ley se opone en algo a la ley natural, no será ley sino corrupción de la ley» (Summa theologiae, I-II, q. 95, a. 2).
Recalcamos que, según la constante enseñanza de la Iglesia, puede a veces tolerarse el mal cometido por otros, pero jamás es lícito realizar positivamente el mal, ni siquiera para evitar un mal mayor. Si se acepta ese principio, la moral católica se viene abajo. Por tanto, quien aprueba, de palabra o con sus actos, una ley contraria a la moral católica, asume una grave responsabilidad personal y se hace cómplice de las inicuas consecuencias de la ley que respalda.
Una última consideración: tanto Liverani como Tarquinio, en su polemíca en las páginasde Avenire, no escatiman juicios falsos y descalificaciones a Corrispondenza romana. Liverani la tilda de «órgano de autoproclamados católicos tradicionalistas dirigido por el historiador Roberto de Mattei, que se sirve de internet para atacar sin parar la Iglesia y el clero». Es una grave calumnia. Al parecer Liverani sabe distinguir entre la Iglesia y los hombres que la integran. Pues si es cierto que Correspondenza romana no escatima críticas a los hombres de la Iglesia, lo desafiamos a citar un solo caso de crítica a la Iglesia que siempre hemos defendido con toda el alma y el corazón, con la convicción de que fuera de ella no puede haber salvación. Correspondenza romana nació para servir a la Iglesia, y precisamente por amor a la doctrina de la Iglesia nos permitimos criticar a un miembro de la Iglesia como el cardenal Elio Sgreccia.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)
