En varios países latinoamericanos se han puesto de moda las mal llamadas protestas sociales. En Chile han conseguido desestabilizar el país y lanzarlo por la vía del caos, en contra de lo que quiere la gran mayoría de sus habitantes, destruyendo la economía y exigiendo urgentes reformas sociales y políticas, que incluyen una consulta popular para cambiar la constitución.  La misma que les ha dado la prosperidad conseguida durante casi 40 años de desarrollo sostenido.

Entretanto, aunque en Colombia han pretendido hacer algo parecido, a los organizadores de ésta nueva forma de revolución social les ha salido el tiro por la culata. Aunque han conseguido generar algunos disturbios graves en las principales ciudades, y con ellos destruir algunos bienes del mobiliario público y privado, es un hecho que los promotores del vandalismo terrorista son una ínfima minoría y son rechazados por casi todos los colombianos. Eso sí, están arropados por un radicalismo fanático que obedece ciegamente a una misteriosa y desconocida articulación subversiva que es la que dirige, organiza y ejecuta este nuevo tipo de acción revolucionaria.

¿Quiénes son? ¿Quién los organiza? ¿Qué pretenden?  ¿Qué vínculos tienen con las FARC y el ELN? ¿Y con Cuba y Venezuela? Son gravísimos interrogantes que deberían ser respondidos con urgencia por los organismos de inteligencia del Estado, que fueron prácticamente desmantelados por el gobierno anterior y que desde hace algunos años no producen resultado alguno.  Es imperioso que se haga con urgencia una profunda y exhaustiva investigación sobre lo que está pasando en Colombia.
Una cosa es la protesta pacífica y legal, que debe ser respetada por el Estado, y otra completamente diferente es la que genera graves disturbios del orden público, y que es la que estamos viendo en Colombia en los últimos meses. Todo lo que ha venido aconteciendo es un laboratorio de revolución social, en el cual el Estado autoriza unas manifestaciones de protesta supuestamente pacíficas y ordenadas, pero dentro de ellas aparecen minorías radicales de encapuchados, que emprenden una acción vandálica y terrorista contra la sociedad, a la cual se le niegan absolutamente todos sus derechos, incluida la legítima defensa, sin que el Estado intervenga para evitar este abuso infame.

Impunidad para los vándalos y desprotección a los ciudadanos de bien

Mientras se destruyen estaciones del transporte público, se saquean comercios y negocios privados, se destruyen algunas instalaciones públicas y millones de ciudadanos son impedidos de ejercer su derecho sagrado al trabajo y a la libre movilización, el Gobierno habla de diálogo, de comprensión y de tolerancia. Y lo que es peor, algunos de los nuevos alcaldes recientemente posesionados, como en Bogotá y Medellín, se proclaman auspiciadores y protectores de la protesta, amarrando las manos de la Policía, impidiéndole el uso legítimo de las armas para defenderse de los ataques subversivos y garantizar así el orden social.

Vimos en Bogotá el pasado 21 de enero a turbas enardecidas queriendo asesinar a un grupo de policías desarmados e indefensos, atacándolos con bombas explosivas, piedras, palos y otros objetos contundentes. La alcaldesa les había prohibido expresamente cualquier acción en contra de los vándalos, aunque en ese momento querían matarlos, ¿En qué lugar del mundo se ha visto semejante injusticia? Sencillamente, hemos llegado el colmo del absurdo.

Además, a esto se le suma el más grande ridículo, cuando la alcaldesa de Bogotá nos anuncia que ha diseñado un nuevo protocolo para enfrentar a las turbas enfurecidas que quieren destruir la ciudad. Consiste en enviar una “avanzada” de madres de familia, vestidas de blanco y portando banderas también blancas, con lo cual pretenden disuadir a los terroristas con pantomimas y discursos pacifistas. El resultado evidente es que los terroristas se mueren de la risa, la debilidad del Estado los incita a ejecutar desmanes más radicales, a los ciudadanos honestos se les niegan todos sus derechos y son salvajemente maltratados. Todo esto porque las fuerzas de seguridad del Estado son prohibidas de actuar. ¿Estaremos los colombianos asistiendo a un suicidio social programado?

¡Colombia tiene que despertar! Los organismos de seguridad, comandados por el Presidente de la República, tienen la obligación de identificar a los responsables de esta destrucción. Los vándalos encapuchados deben ser detenidos y judicializados, acusados de intento de homicidio, terrorismo y daños en bienes ajenos, tanto públicos como privados. Y todo el sistema judicial del País, representado por jueces y fiscales, debe actuar con prontitud y eficacia.

¿Quién dirige las marchas?

Y, lo más importante, investigar quién es el cerebro oculto que articula y dirige tan grave peligro para nuestra Patria. Sin duda, el resentido y tóxico senador Gustavo Petro es uno de los causantes del desorden,  pues públicamente él mismo se ha hecho responsable de enviar a las calles a toda su “Colombia humana”, que no es otra cosa que una minoría organizada, que tiene en el robo y la rapiña su más excelso objetivo, y que apoyados por la revolución cubano-venezolana, nos quiere destruir para imponer en Colombia un régimen de miseria y de esclavitud.

Fiel a los principios marxistas de siempre, cuando estas revoluciones encuentra una resistencia de acero, prefieren retroceder en forma prudente. Pero cuando encuentran traición, cobardía y engaño, como ya ha sucedido por ejemplo en Chile, entonces avanzan con decisión y demuelen todo a su paso. Esta es la estrategia de los que dirigen la protesta, que comenzó con 13 exigencias al Gobierno del Presidente Iván Duque, pero cuando éste los recibió en su despacho y anunció la creación de unas mesas de diálogo por todo el País, entonces su número aumentaron a más de 100. Y si estos radicales se enfrentan con gobernantes de gelatina, dispuestos a ceder en todo, a traicionar a sus electores y a entregarle el País a sus enemigos, entonces la tragedia golpeará a Colombia sin contemplaciones.

Los colombianos tenemos muy claro que lo que hay por detrás de la llamada “protesta social”, no es otra cosa que la destrucción de las fuentes de empleo, el fin del desarrollo empresarial, la aniquilación de las libertades legítimas y la imposición de la dictadura del proletariado. Tal vez este concepto ya esté en desuso, pero pura y simplemente quiere decir lo que los promotores de la protesta quieren ocultar: el triunfo radical del comunismo.

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