Divorciados vueltos a casar: también en Mantua el “camino de la reconciliación”

Es Obispo de Mantua desde hace aproximadamente un año y medio y ya se hizo notar… A Mons. Gianmarco Busca le bastaron ocho meses para  realizar un conjunto de nombramientos en la Diócesis que fue considerado una «revolución» por la prensa local, después la pastoral  de los «selfie» y de la «videocatequesis»…

Ahora, sin embargo, hizo un “salto de calidad”, apretó el acelerador y autorizó el acceso a la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar. El visto bueno lo obtuvo directamente del apartado 351 de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, en el cual, también para las consideradas «situaciones irregulares», no se excluye la eventualidad de la «asistencia de los Sacramentos», distinguiendo entre «situaciones objetivas de pecado» y responsabilidad subjetiva.

En esa línea, Mons. Busca también dispuso, como “regalo de Navidad 2018”, la posibilidad de «emprender un recorrido eclesial de reconciliación que en algunos casos podrá dar lugar a la posibilidad de acceder nuevamente al Sacramento de la Penitencia y a la Comunión eucarística». Y ello no solo para «los fieles divorciados y vueltos a casar», sino también para todos aquellos que vivan una  indeterminada «segunda relación de modo estable», definición de suyo sibilina y que teóricamente podría abrir escenarios de los más variados.

Para confirmarse en su look “a la carta”, el Obispo de Mantua concluyó su propio mensaje con  un repudio, “corrigiendo” la liturgia de Navidad  ya en consonancia con el nuevo misal preparado por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI): ya no más «paz en la tierra a los hombres de buena voluntad» por lo tanto, sino a aquellos «amados por el Señor», conforme lo eclesiásticamente correcto.

Sin embargo, cabe recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica aún no ha sido modificado y que en el n. 1650 aún considera que los divorciados vueltos a casar «se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación». Más aún: «La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia.».

Ciertamente pueden participar de la vida de la Iglesia como bautizados, como lo precisa el n. 1651, llevar a cabo obras de caridad y educar a los hijos en la fe cristiana. Pero no pueden acceder a los Sacramentos. 

Lo mismo dispone el can. 915 del Código de Derecho Canónico, donde se lee: «No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave». Prohibición también reiterada en una Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en el año 2000 que afirma: «En el caso concreto de la admisión a la sagrada Comunión de los fieles divorciados que se han vuelto a casar, el escándalo, entendido como acción que mueve a los otros hacia el mal, atañe a un tiempo al sacramento de la Eucaristía y a la indisolubilidad del matrimonio. Tal escándalo sigue existiendo aún cuando ese comportamiento, desgraciadamente, ya no causa sorpresa: más aún, precisamente es ante la deformación de las conciencias cuando resulta más necesaria la acción de los Pastores, tan paciente como firme, en custodia de la santidad de los sacramentos, en defensa de la moralidad cristiana, y para la recta formación de los fieles.»

Todo esto está dicho con palabras claras e inequívocas, a diferencia de las contorsiones interpretativas a que se ven obligados todos aquellos que quieren forzar las cosas y hacer decir al Catecismo (y a las Sagradas Escrituras) cuanto no está escrito, incluso lo opuesto, presionando para que se elaboren normas pastorales contradictorias entre Diócesis y Diócesis, entre nación y nación, peligro ya paradigmáticamente execrado por los Arzobispos Tomash Peta y Jan Pawel Lenga, como también por el Obispo Athanasius Schneider en un documento conjunto, salido a luz exactamente hace un año. Cuanto se temía, se ha puntualmente verificado o por desgracia se está verificando.

«Una aprobación o legitimación de la violación del vínculo matrimonial – se lee en este documento- contradice de modo grave la expresa voluntad de Dios y Sus Mandamientos. Dicha práctica representa por lo tanto una alteración substancial de la bimilenaria disciplina sacramental de la Iglesia. Por otra parte, una disciplina substancialmente alterada provocará también con el paso del tiempo una alteración en la correspondiente Doctrina». Este es exactamente el peligro que se está corriendo. Peligro que, iniciativas como las adoptadas en Mantua,  hacen cada vez más concreto.

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