La pederastia consentida y amparada tanto tiempo por las altas jerarquías eclesiásticas (obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas) ha sido la palanca que ha puesto en manos de esos mismos consentidores una herramienta letal para tener subyugados a sus subordinados sin la menor traba jurídica. Es a esos prevaricadores confederados, a los que la Iglesia ha premiado su escandalosa conducta concediéndoles un poder que ya tuvieron los obispos cuando eran señores feudales, y que para sí quisieran los regímenes totalitarios de hoy.
¿Dónde está el problema? Está ocurriendo en la Iglesia lo mismo que ocurre en todo el mundo: el terrorismo está siendo la causa perfecta (¡o el pretexto pluscuamperfecto!) para tener cada vez más controlada política y policialmente a la población. La seguridad lo requiere. ¡Ya ves qué sencillo! Así que lo primero que consiguen los terroristas (cada vez son más los que creen que éste no es objetivo de terroristas, sino del Nuevo Orden Mundial) es que nuestro Estado sea cada vez más totalitario a fuerza de recortes de la libertad (siempre consentidos y celebrados por todos los políticos y por todos los medios) y a base de tener controlados a los antaño ciudadanos en todo y por todo.
Es decir que el terrorismo (pretendiéndolo o no) nos empuja cada vez más decidido hacia el totalitarismo. La seguridad jurídica y el ámbito de la privacidad, ¡vaya sorpresa!, son cada vez más frágiles justo gracias al terrorismo. Por eso es tan difícil llegar al fondo de las tramas terroristas. Por eso, la praxis más frecuente es abatir a los terroristas (exceptuados los del 11-M, que se abatieron solos). Así no hay manera de que canten y aparezcan extraños “cui prodest” (“a quién beneficia”).
Pues bien, el estallido terrorista en la Iglesia fue la proliferación de la pederastia. Y no exactamente su extensión, muy grave; sino el papel decisivo de la jerarquía eclesiástica en su extensión a base de consentirla y ocultarla. No bastaban los pederastas para este enorme desaguisado: para llegar adonde se llegó, era absolutamente imprescindible el silencio cómplice de los obispos y el trabajo esforzado de ocultación de los culpables. Aún tardaremos en saber cui prodest, pero algunos van enseñando la patita.
Y es precisamente esta calamidad perpetrada por la jerarquía, la que se ha utilizado como pretexto y palanca para darles a los obispos, ¡qué casualidad!, precisamente a los máximos culpables del desastre, un poder absoluto sobre los sacerdotes; partiendo del supuesto (¡hasta parece obvio!) de que la causa de la pasividad (y a veces complicidad) de los obispos se debió a que no pudieron actuar por tener las manos atadas a causa de la justicia garantista que impone el Derecho Canónico. Así que resulta que la más alta jerarquía de la Iglesia ha entendido que eliminando las garantías procesales del sacerdote acusado, desaparecían todos los obstáculos que “impidieron” antes actuar a los obispos. La solución, ya ven, es que ningún sacerdote pueda cuestionar la conducta del obispo, porque éste se lo puede cargar sin la menor traba jurídica ni administrativa.
De modo que con la novísima acomodación del Derecho Canónico, basta cualquier denuncia contra un sacerdote para que sin la menor garantía procesal, pueda el obispo proceder contra él. O dicho de otro modo: el obispo puede hacerse venir bien cualquier denuncia contra un sacerdote incómodo en un tema discutible -ni moral ni costumbres- para deshacerse de él. Esto es evidentemente convertir a los obispos en sátrapas y a los sacerdotes no en súbditos (que eso sería un lujo de libertad), sino en siervos del obispo: puesto que de él depende además del poder espiritual, el temporal, es decir el modus vivendi tanto “profesional” como económico del sacerdote. Gracias al terror creado en la Iglesia por la pederastia, el obispo, su máximo responsable, queda blindado para que ningún sacerdote pueda denunciar sus negligencias, sus abusos y cuando es el caso, sus crímenes. Como demasiados obispos salieron pringados, del escándalo de la pederastia, el poder eclesiástico ha decidido blindar totalmente al obispo frente a sus sacerdotes.
Sólo en las dictaduras más extremas podemos encontrar semejante relación entre superior y súbdito. Es decir que estamos asistiendo a la liquidación de la Iglesia (sí, digo liquidación) como estructura jurídica sostenible. Porque ejemplo como ha sido de Estado de Derecho y de seguridad jurídica, se ha convertido en una formidable máquina de amedrentar y machacar súbditos. Otra cosa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Magister dixit.
Ésta de la inseguridad jurídica será la puntilla para destruir definitivamente a la Iglesia como estructura, no como Cuerpo de Cristo, por supuesto. Podremos seguir viendo esas mareas estremecedoras de vestimentas rojas y púrpuras, de mitras y capelos gobernando sobre la nada, sobre el terror de los curas y sobre la desolación de la Iglesia: aunque la barca de Pedro haga aguas. Ellos serán los últimos en saltar de la barca.
No olvidemos que una de las características del sacerdocio (que no ha contribuido a que fuesen siempre los mejores quienes accedieran a él) es que garantiza un modus vivendi modestísimo pero seguro. Igual que el ejército, igual que las fuerzas de seguridad, igual que el funcionariado. El eclesiástico, desde un punto de vista material, sería un cuerpo más de funcionarios que, dando por existente y operativo el tema vocacional (aunque nunca al 100%), garantiza a sus miembros una alta seguridad jurídica: el funcionario es el trabajador mejor protegido; y el de base, el peor pagado. Pero tiene en compensación de esa austeridad, un alto nivel de seguridad jurídica. Para removerlo hay que seguir unos larguísimos procedimientos que se caracterizan por la presunción de inocencia del acusado y por el sistema judicial más garantista en favor del acusado.
¿Pero cómo queda la situación si el jefe de negociado puede deshacerse del funcionario sin mayor dificultad? ¿Quién va a querer ser esa clase de funcionario? Si la seguridad en el empleo es obviamente un factor determinante que compensa la parquedad del sueldo, ¿qué le queda al funcionario (en este caso, el “funcionario religioso”) que pierde todas las garantías jurídicas en aras de la discrecionalidad del jefe-amo de turno (emanada de su santidad, claro, que siempre se le supone)? Los funcionarios son auténticos siervos del Estado, pero a éste le cuesta Dios y ayuda deshacerse del funcionario. Ni aunque sea un delincuente, pierde el funcionario sus derechos.
En el caso de los curas, la reforma del Derecho Canónico, que le colaron por la escuadra a Benedicto XVI, elimina la presunción de inocencia y permite condenar a una pena perpetua -expulsión del estado clerical- mediante fulminante expediente administrativo, cuyas posibles irregularidades -hay muchas- no pueden invalidar el procedimiento casi en ningún caso; y sin instancia superior a la que recurrir, pues la sentencia condenatoria la firma el mismo Papa. Se trata pues de ejecuciones sumarias dictadas por el cardenal Robespierre de la Congregación para el Clero, Beniamino Stella, de las cuales el Santo Padre firma el “enterado”.
Lo que empezaron siendo unas facultades especiales concedidas a las diócesis sin Tribunal Eclesiástico -sobre todo en países de misión-, para actuar con urgencia en los casos de pedofilia (estado de excepción), se extendió luego a toda la Iglesia y a todos los delitos graves, colocando a toda la Iglesia en Estado de Excepción. El primer paso ha sido la derogación de las disposiciones canónicas que garantizaban la presunción de inocencia del acusado. Con las nuevas resoluciones, ya no está prohibido expresamente condenar a una pena perpetua sin proceso judicial. La Iglesia puede hacerlo ya con un simple expediente administrativo. Había que cubrirse las espaldas al precio que fuese. Y éste es el precio. Manga ancha y misericordia infinita antes; y para poder presumir el episcopado de inocencia… dureza extrema y ensañamiento ahora: con la presunción de culpabilidad por delante, para todo cura acusado. La preocupación de la jerarquía no es ser fieles a la verdad, sino quedar bien ante la opinión pública siempre cambiante.
Les da lo mismo que los mayores especialistas en Derecho Canónico hayan puesto el grito en el cielo, y denunciado en revistas especializadas la arbitrariedad de la reforma y las injusticias cometidas contra clérigos calumniados. ¡Les da igual! Han expulsado por docenas de la Congregación del Clero a los oficiales discrepantes y escandalizados de la injusta praxis. Atropellos, parcialidad, desafuero, despotismo y abuso de autoridad que experimentan continuamente. Tienen la sartén del control de la guillotina en la mano y se sienten poderosos. Los obispos del mundo tienen en la Congregación un instrumento aliado de dominio para provocar pánico y sofocar cualquier resistencia clerical. Incluso un canon, el 1399, permite convertir en delito grave lo que todavía no lo es por no estar tipificado, en virtud de la gravedad y el escándalo que aprecie el obispo sobre cualquier conducta de un sacerdote. Ni siquiera los comités revolucionarios de la CNT-FAI en 1936 aspiraron a tanto…
Forma parte de ese nuevo espíritu de intransigencia con la pederastia (los mismos que se distinguieron por su irresponsable relajación), la decisión de hacer pasar a todos los curas (por el simple hecho de serlo), por el registro de posibles sospechosos, para que certifique que no, que no hay antecedentes judiciales que lo incriminen de ese delito. ¿Y eso quién lo decidió? El Gobierno, encubridor también de los casos de pederastia que les afectan, creó un Registro Central de Delincuentes Sexuales (de cara a la galería, puesto que ya tiene el genérico de Antecedentes Penales) y la Conferencia Episcopal en pleno decidió sumarse a la ola puritana que, ahora sí, capitaneaba el Estado. Pero con mucho más furor y ensañamiento… ¿Para demostrar que ellos no tenían nada que ver con la escandalera que se había armado en la Iglesia? Si son ellos, los obispos, los que tenían que controlar el acceso de homosexuales (a ellos se deben el 90% de casos de pederastia) en los seminarios y no lo hicieron; sino que yendo exactamente contra dirección, los promocionaron. Son ellos, los obispos, los que debían velar por la conducta casta de sus seminaristas; pero vieran lo que vieran, la dieron por supuesta y se dedicaron a premiar, eso sí, la adulación y el peloteo… viniera de quien viniera.
Si con la excusa de la pedofilia eclesiástica han dinamitado el Derecho Canónico, la presunción de inocencia del clérigo acusado y pueden fabricar arbitrariamente delitos que nunca han existido, habremos de preguntarnos con Séneca una vez más: ¿Cui prodest? Y responder con él: Cui prodest scelus, is fecit, que en nuestro romance significa: “Aquel a quien aprovecha el crimen, es quien lo ha cometido”.
Gerásimo Fillat Bistuer
