En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado la detención preventiva del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, acusado de los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Esa decisión, que no tiene antecedentes en la justicia colombiana, no se ha tomado bajo los presupuestos de la justicia, sino atendiendo perversas pretensiones de la extrema izquierda para demoler el orden jurídico de la Nación.
Ver a Álvaro Uribe Vélez en la cárcel es lo que siempre han querido las FARC y sus malignos aliados: el Narcotráfico, el Foro de Sao Paulo y la confabulación de todas las fuerzas comunistas de Occidente. Cuando fue Presidente de Colombia, entre 2002 y 2010, su determinación para derrotar la guerrilla y la subversión salvó al País, por lo cual todas las fuerzas de izquierda ahora piden venganza. Y sin duda, también es la consecuencia lógica e inevitable del Acuerdo de Paz firmado con las FARC, que tan diligentemente ha sido implementado por el Presidente Iván Duque.
El absurdo y desmesurado auto de 1554 páginas de la CSJ que ordena encarcelar al expresidente Uribe, sería innecesario si las acusaciones fueran ciertas y las pruebas contundentes, pues si hubiese razones para ordenar su captura bastaba con unas pocas páginas de motivación. Además, tan excesiva decisión judicial constituye una ostensible violación al debido proceso y al derecho de defensa, pues sus abogados apenas tuvieron tres días hábiles para controvertir semejante alud de divagaciones.
La Justicia ha sido permeada por los peores criminales
Mientras Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia, los enfrentamientos de la CSJ con él fueron permanentes. El País olvidó que durante su mandato, el presidente Uribe denunció a los narcotraficantes Giorgio Sale, quien hacía costosos regalos a los magistrados, y Ascencio Reyes Serrano, quien puso un avión a disposición de los magistrados de la CSJ, para que viajaran por varias ciudades del país celebrando fiestas y recibiendo homenajes.
Cuando fue abatido el terrorista Raúl Reyes, el segundo hombre de las FARC, en una operación militar desarrollada en la frontera con Ecuador en el 2008, la misma CSJ determinó que la información de los computadores incautados por el Ejército Nacional a las FARC en dicha operación, no podría ser considerada como prueba legal. Para la CSJ, esa información de vital importancia para conocer las alianzas y complicidades de las FARC en Colombia y en Ecuador, habría sido obtenida en el extranjero de forma ilegal por las autoridades colombianas, y para su incautación no se había obtenido ningún consentimiento de las autoridades ecuatorianas.
Años después, en el 2017, otros magistrados de la CSJ demostraron una vez más el abismo de deshonor al que ha llegado la Justicia en Colombia. A algunos de ellos se les comprobó que vendían sentencias y absoluciones a cambio de enormes sumas de dinero, para dejar en la impunidad a los responsables de gravísimos casos de corrupción que involucraban a gobernadores, congresistas y altos funcionarios del Estado, que gozan de fuero especial y que solo pueden ser juzgados por esa Corte.
Por ese escándalo, hasta ahora han sido juzgados tres ex presidentes del alto tribunal. Son ellos Francisco Ricaurte que está preso; Leónidas Bustos, que está prófugo en Canadá; y Camilo Tarquino, quien está siendo juzgado. Además, el magistrado Gustavo Malo fue destituido y está preso, varios magistrados auxiliares de la CSJ ya fueron condenados y otros aun están siendo juzgados. También está condenado y preso el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, encargado de recaudar el dinero de los sobornos y que después de su captura confesó cómo funcionaba la corrupción de la CSJ.
En otro caso escandaloso, en el año 2019 la CSJ decidió que el guerrillero de las FARC alias Jesús Santrich, quien fuera detenido en flagrancia haciendo negocios de narcotráfico, fue dejado en libertad, negando su extradición a los EEUU. Esto le permitió asumir una curul en el Congreso de la República, que le fue concedida gracias al Acuerdo con las FARC sin haber obtenido ningún voto y acto seguido se fugó.
Tal vez nunca hubo antecedentes de semejante grado de corrupción en ningún Tribunal Supremo de ningún país del mundo libre, al punto de que la sabiduría popular ha denominado a los magistrados corruptos de las Altas Cortes como el Cartel de la Toga. En Colombia tenemos una CSJ que solo persigue por razones políticas a quienes profesan ideas opuestas a las suyas, pero no a los miles de criminales que andan sueltos por las calles. Tenemos a una Corte Constitucional que se ha convertido en un órgano legislativo paralelo, que dicta órdenes a todas las instituciones del Estado y modifica la legislación vigente con el pretexto de interpretar la Constitución, y que además protege con su jurisprudencia las 250.000 hectáreas sembradas en coca, que en gran parte son de las FARC. Por último, existe una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un tribunal creado en el marco del Acuerdo de Paz, para conceder a los guerrilleros de las FARC la más absoluta impunidad por los crímenes cometidos.
Esta realidad escabrosa nos muestra una vez más la degradación de nuestra justicia, mientras que el País duerme en la más profunda indolencia. Es de esperar que Colombia se despierte, ahora que parece empezar la persecución contra los que se han opuesto a las pretensiones de las FARC y de los demás grupos terroristas. Este conjunto de hechos evidencian una realidad fantástica, jamás imaginada por nadie y que más bien parece una novela de ciencia ficción.
Hay que revocar las Cortes corruptas y prevaricadoras
Estas son las consecuencias de la indolencia de muchos colombianos con respecto a lo establecido en el Acuerdo de Paz de La Habana, que fueron advertidos por Tradición y Acción y por algunas voces aisladas, que en su momento no fueron escuchadas. Apenas ahora parecen despertarse y advertir que los enemigos de la Patria nos quieren someter, que quieren convertir a Colombia en un redil de miseria y de opresión, lo cual ya es una realidad con algunos de nuestros vecinos. ¡Que nadie se engañe! El monstruo creado por la izquierda no se apacigua con pequeñas concesiones. ¡Él quiere a toda Colombia, la quiere ya mismo y para siempre! Esto hay que impedirlo, pues siempre se puede rectificar el camino equivocado. ¡Pero es indispensable comenzar ya mismo!
Es tan grave la corrupción a la que ha llegado la administración de justicia, que nos vemos obligados a proclamar que es imperativo revocar a todos los magistrados de las Altas Cortes. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, deberían ser reemplazados de inmediato por juristas honestos, que los hay muchos, y acabar así con este cáncer que nos conduce hacia el caos. Esto es lo que la mayoría de los colombianos anhelamos que haga el Gobierno.
Por último, como solución a la profunda crisis que vive Colombia, el Presidente de la República debería declarar nulo el Acuerdo de Paz de La Habana, pues éste fue rechazado en el Plebiscito de 2016. Esta fue la promesa hecha por él y por su partido, el Centro Democrático, durante la campaña presidencial de 2018, y gracias a ella recibió el contundente respaldo de más de diez millones de votos. En consecuencia, todo lo que se ha hecho hasta ahora para implementar ese Acuerdo es ilegal, ilegítimo, espurio y contrario a la Constitución. El pueblo colombiano por decisión mayoritaria rechazó el Acuerdo de Paz en las urnas, lo que es un mandato soberano que debe ser honrado y acatado por todos los poderes del Estado. Y lo que hicieron todas las Cortes, con la complicidad del Congreso de la República y del ex presidente Santos, fue exactamente lo contrario. Reconocieron el Acuerdo de Paz, y por medio de una legislación ilegítima denominada fast track, lo elevaron a norma constitucional.
Hace pocos días un confundido tribunal de justicia de la ciudad de Cali, violando la Constitución, ha pretendido prohibir al Presidente de la República que invoque la protección sobrenatural de la Virgen de Chiquinquirá, que es la Patrona de Colombia. Como católicos nos dirigimos devotamente a Ella para implorar que le conceda a nuestra Patria un verdadero y honesto sistema de justicia, acorde con nuestros principios y valores cristianos.
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