¿Qué se puede pensar, o hacer, ante las consagraciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Écône, previstas para el próximo 1º de julio, y la consiguiente excomunión latae sententiae por parte de la Santa Sede?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, de llegar a suceder, nos veremos ante una dolorosa prueba, no sólo para la Tradición católica, de la cual forma parte la Fraternidad desde su fundación el 1º de noviembre de 1970 por monseñor Marcel Lefebvre, sino también para León XIV. El Sumo Pontífice ha señalado que la reconciliación interna de la Iglesia es uno de los objetivos principales de su pontificado, con lo que, poco más de un año después de su elección, habría de afrontar una nueva rotura en el tejido de la Iglesia, con el riesgo de agravar divisiones que desde hace décadas aguardan una solución.
Con respecto a la controversia, no podemos menos que señalar que algo que parece una auténtica paradoja. Entre los numerosos motivos aducidos por monseñor Lefebvre en 1988 y actualmente retomados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para justificar las consagraciones sin mandato pontificio, la del estado de necesidad de los fieles ante la gravedad de la crisis eclesial es, al mismo tiempo, el argumento más endeble y el más fuerte.
Por su propia naturaleza, el estado de necesidad consiste en una situación excepcional que permite apartarse de la aplicación ordinaria de determinadas normas con miras a un bien superior que, en el caso de la Iglesia, es la salvación de las almas. Ahora bien, ¿quién tiene autoridad para verificar que se da dicho estado, así como cuándo se inicia y cuándo termina? Es evidente que dicha evaluación no se puede dejar en manos de la propia Fraternidad. En ese caso habría que entender que el estado de necesidad termina cuando así lo considere la FSSPX, con lo que se le atribuiría en la práctica una capacidad de juicio sobre la Santa Sede incompatible con la constitución jerárquica y visible de la Iglesia. Se crearía así una situación en la que un particular se puede erigir en quien determina el criterio para evaluar el desempeño de la autoridad suprema.
Si se admitiese el principio del estado de necesidad como criterio general de actuación, cualquier prelado que considere que la Iglesia atraviesa una grave crisis podría creerse autorizado, o incluso moralmente obligado, a consagrar otros obispos sin mandato pontificio a fin de garantizar la continuidad de la Fe y los Sacramentos. El resultado sería la proliferación de jurisdicciones paralelas y episcopi vagantes a lo largo y ancho del mundo, con las inevitables consecuencias de fragmentación, desorden y confusión para los propios fieles a los que se desea proteger.
La existencia de una línea episcopal derivada de monseñor Richard Williamson, uno de los cuatro obispos que consagró monseñor Lefebvre en 1988 y más tarde expulsado de la FSSPX, es una prueba concreta de que la lógica del estado de necesidad, una vez desconectada de un principio superior de autoridad que pueda delimitarla y regularla, puede dar lugar a ulteriores divisiones. Se trata de un fenómeno que, más allá del juicio sobre las partes implicadas, demuestra el riesgo intrínseco que entrañan las consagraciones episcopales que se fundan en evaluaciones subjetivas del estado de necesidad.
Y sin embargo este argumento, tan frágil en el aspecto teológico y canónico, en el plano pastoral resulta ser el más contundente. Monseñor Lefebvre no era teólogo especulativo ni tampoco canonista, pero sí era misionero y pastor de almas. En su carta a los sacerdotes del 27 de abril de 1987 escribió: «Los fieles que siguen siendo católicos se encuentran en muchos lugares en una situación espiritual desesperada. Es este clamor el que la Iglesia escucha; es para estas situaciones para las que concede la jurisdicción mediante la ley de suplencia». Para él, el criterio decisivo no era la afirmación de un derecho propio de la Fraternidad, sino la necesidad espiritual de los fieles. Las consagraciones de 1988 tenían por objeto responder a ese clamor de las almas.
De ahí que nos veamos ante una paradoja. Al invocar el estado de necesidad, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X fundamenta buena parte de sus argumentos en la preeminencia de las exigencias pastorales con respecto a las consideraciones meramente jurídicas y doctrinales, acogiéndose al primado de la praxis pastoral que es un principio fundamental del Concilio. Por el contrario, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe invoca el Concilio, pero no reconoce el peso del argumento pastoral, y utiliza contra la Fraternidad términos y conceptos de la teología preconciliar en nombre de la fuerza vinculante de la doctrina del derecho.
Ante tan confusa situación, el único consejo sensato que se puede dar a quienes no tienen claro qué debe hacer es atenerse al principio de la lógica y del derecho que afirma: In dubiis standum est pro statu quo, donec ratio certa contrarium persuadeat (en caso de duda, hay que atenerse al estado actual de las cosas hasta que una prueba segura demuestre lo contrario). La razón aconseja que cada uno se mantenga en su puesto y evite dejarse llevar por polémicas estériles y proclamas emotivas que no harían otra cosa que reabrir viejas heridas y echar vinagre sobre las llagas de la Iglesia.
El problema que se nos plantea en este momento es mucho más grande que el de las consagraciones episcopales del 1º de julio con sus consecuencias canónicas. Tampoco se agota la cuestión en el debate sobre la liturgia tradicional o la interpretación de los documentos conciliares. La polémica se centra en el juicio histórico y teológico sobre el siglo XX, siglo que ha marcado profundamente el destino de la Iglesia y del mundo contemporáneo.
Hace poco más de cien años, el estallido de la Primera Guerra Mundial acabó con un orden internacional que era fruto de los siglos de Cristiandad mientras la revolución bolchevique prendía un incendio aún mayor en el mundo. Pero en el mismo año en que el bolchevismo se hacía con el poder, se apareció la Virgen a los tres pastorcitos de Fátima y les explicó las verdaderas causas de las crisis que afectan al mundo moderno, asegurándoles que después de castigos, guerras y persecuciones su Corazón Inmaculado acabaría por triunfar. El mensaje de Fátima estaba dirigido a toda la humanidad, pero en particular a los pastores de la Iglesia, dentro de la cual el modernismo ya había comenzado a esparcir su mortal veneno. Para atajar dicho mal, la Providencia suscitó a San Pío X. Mediante la encíclica Pascendi Dominici gregis del 8 de septiembre de 1907, diez años antes de las apariciones de Fátima, el gran pontífice denunció con profética lucidez el proceso de autodisolución que tendría lugar en las sucesivas décadas. Pascendi y Fátima constituyen respectivamente el diagnóstico doctrinal y la respuesta sobrenatural a la crisis de la modernidad. Y a su vez, estos acontecimientos sólo adquieren su pleno significado si se insertan en una perspectiva más amplia que permita entender los sucesos de a historiaumanas como fases de una lucha que se extiende a través de los siglos.
Con ello, cobra una extraordinaria actualidad la visión de San Agustín. En La Ciudad de Dios, el gran doctor de la Iglesia interpreta la historia como el enfrentamiento permanente entre quienes orientan su vida a Dios y los que rechazan el orden divino. La tradición agustiniana, con su capacidad para entender los sucesos históricos a la luz de la Providencia, nos brinda la clave interpretativa para afrontar cuestiones que siguen determinando la historia de la Iglesia, con sus apostasías, persecuciones y heroísmos.
Ante este dramático horizonte, la última palabra corresponde a quien ha recibido el mandato divino de conducir a la Iglesia, y a quien la propia Fraternidad reconoce como legítimo Vicario de Cristo: el papa actualmente reinante León XIV. No podrá una auténtica y eficaz solución a los graves problemas que aquejan al Cuerpo Místico de Cristo fuera del Romano Pontífice ni enfrentándose a él.
