LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO DESDE 1965
1965 es el año de la clausura del Concilio Vaticano II, y también es punto de inflexión de la orientación pastoral de la Iglesia en España. Ya a inicio de la década de los sesenta, algunos sectores del clero y de organizaciones seglares, siguiendo consignas de la Europa demócrata-liberal, abogan por un sistema político de partidos y de sindicalismo horizontal. Algunos sectores de esta corriente sueñan inicialmente con la inserción de los católicos en una formación demócrata-cristiana al estilo italiano o alemán. Luego prevalecen los que postulan el apoyo a movimientos marxistas en sus diferentes variantes. En nombre de los principios cristianos de “libertad y participación” reiterados en la Encíclica de Juan XXIII “Pacem in Terris”, reclaman libertades de expresión, reunión y asociación, no sólo para hacer efectivo el Fuero de los españoles (una de las leyes fundamentales del nuevo estado, promulgada en 1945), sino también en formas incompatibles con el sistema de representación orgánica propio del régimen de Franco. Las posturas se van radicalizando en torno al inicio del posconcilio, y a nivel pastoral comienza un tiempo de confusión y duda sobre la misión de la Iglesia. Ciertos grupos propugnan como exigencia de la Fe un compromiso temporal que derribe el régimen franquista, y fuerzas de la oposición política a ese régimen buscan la convergencia con estos nuevos sectores católicos. Estos sectores intentan forzar su representatividad como portavoces de la Iglesia y del Concilio Vaticano II, denunciando el supuesto retraso y anquilosamiento del Episcopado y sus seguidores. Se pretendió utilizar a algunos Obispos como palanca contra Franco, como por ejemplo cuando la prensa europea occidental dio resonancia a la brillante intervención que tuvo Monseñor Guerra Campos en el Concilio al abordar sin complejos el tema del ateísmo.
En ese contexto, el Episcopado se inclina a no identificar lo opinable y lo exigible, velando así por la pureza de la doctrina y por la libertad de conciencia de los católicos; contra lo cual se revuelven algunos acusando a los Obispos de favorecer el continuismo. El Obispo auxiliar de Tarragona, en línea prudente, ya expresó que la jerarquía episcopal no era ni un puntal del régimen para sostenerlo pero tampoco un ariete para derribarlo. Sin embargo, en una gradual espiral de radicalidad, ya en 1965 en regiones de España, como Vascongadas o Cataluña, se dan acciones demostrativas de sacerdotes mezcladas con movimientos separatistas que en algunos casos son abiertamente terroristas. A modo de ejemplo, en 1965 la ETA comenzó su IV asamblea en la casa de espiritualidad de los jesuitas en Azpeitia, desarrollando su labor de captación a través de “escuelas sociales”, formadas por el clero, en las que se adoctrinaba políticamente en el marxismo-leninismo (9).
El criterio general de los Obispos, a partir del año clave de 1965, se manifiesta en torno a tres puntos: confesionalidad, relaciones Iglesia-Estado, y sistema político.
A. Confesionalidad:
Después del Concilio, el Episcopado enseña que: la libertad no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a la unidad religiosa de una nación (10). Coincidía con el Papa Pablo VI, que también después del Concilio (como ya antes Juan XXIII) había dicho, en relación a España, que la unidad católica es un bien que el Estado debe cuidar (11). Los proyectos de revisión del Concordato que la Santa Sede consideró hasta 1975 mantenían la confesionalidad. En el documento de la Conferencia Episcopal “La Iglesia y la comunidad política” de 1973 (que suele aducirse como el del cambio), la mayoría de los Obispos aún reconocen que la confesionalidad responde a un ideal tradicionalmente sostenido por la Iglesia, y que la legislación española se ha adecuado a las exigencias del Concilio en materia de libertad religiosa con la ley promulgada al efecto por Franco en 1968 (que ya permitía el culto de confesiones no católicas aunque mantenía la católica como religión oficial).
B. Relaciones Iglesia-Estado:
Se pretende armonizar la independencia y la sana colaboración. En 1966 el Episcopado anuncia al Papa su disposición a renunciar a cualquier privilegio para su institución, pero no desea renunciar a “privilegios” que entrañen derechos para los ciudadanos a los que asiste en obras educativas, sociales o de beneficencia. Y la Santa Sede hace suyo ese criterio (12). Luego, en 1968, la Santa Sede propuso que el Estado renunciase al sistema de presentación de Obispos, a lo que Franco dice acceder mientras el asunto se trate en el marco de una revisión general del Concordato. Se acordó iniciarla aunque la misma no llegó a término en vida del mandatario español. Ciertamente el camino de las renuncias de privilegios “institucionales” fue lento y vacilante entre las partes.
C. Sistema Político:
El Concilio no aboga por ningún sistema de participación política determinado, con tal de que ésta sea auténtica y la mayor posible (13). El documento episcopal de 1966 sobre “La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II”, enseña que, habiendo voluntad de acercarse al ideal del Concilio, elegir la fórmula concreta es tarea de los ciudadanos y no de los pastores, y que los que prefieran una forma no excluyan, en nombre del Evangelio, la posibilidad de otras. Desde ahí, no hay motivo para un juicio moral de la Jerarquía contra las instituciones vigentes en España. El documento de 1973, no obstante, acentúa el derecho a la pluralidad de opciones y a la exigencia de su posibilidad efectiva, y trata sobre la legitimidad y condiciones de la “denuncia profética”. Ya hay que decir que este documento se redacta en un clima de politización creciente de la Iglesia española. En ese año la composición de la Conferencia Episcopal había cambiado con miembros complacientes hacia las fuerzas políticas de oposición al régimen de Franco; miembros inclinados a tomar partido imponiendo la llamada “línea pastoral” en materias discutibles, en las que no cabe vincular las conciencias desde la unidad del Magisterio. Esta trayectoria desembocará, tres años después de la muerte de Franco, en una nueva orientación pastoral pregonada por el Cardenal Tarancón y tendente a establecer una gran plataforma de convivencia superadora de tantos enfrentamientos históricos (14).
La nueva línea, liderada sobre todo por el Cardenal Tarancón y respondida en gran parte por el Cardenal González Martín (que junto a otros ocho Obispos advirtió de los peligros morales de la proyectada Constitución de 1978), comprende tres elementos:
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Apoyo a una Constitución sin referencia a valores cristianos y con un pluralismo moralmente indeterminado
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Dentro de ese pluralismo, a la Iglesia le bastaría la libertad común desde la cual influirá sobre la sociedad por medio de la predicación moral
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Como aportación especial a la convivencia, la Iglesia evitará la polarización y/o lucha por causa religiosa, impidiendo que los católicos se agrupen como tales políticamente, prefiriendo que se inserten en cualquier organización. Esta preferencia no tuvo, de hecho, límite alguno, ya que ni pocos clérigos y militantes de Acción Católica optaron por la filiación en partidos marxistas.Continuará…NOTAS:(9): P. Moa, “La democracia ahogada”, Áltera, Barcelona, 2009, p. 95(10): Declaración del Episcopado Español, 8 de Diciembre de 1965(11): Pablo VI al embajador de España en la Santa Sede, 13 de Noviembre de 1965(12): Boletín Oficial de la Diócesis de Cuenca, Noviembre de 1973, p. 520(13): Constitución Gaudium et Spes, 73(14): Documento de la Conferencia Episcopal Española ante el referéndum Constitucional, 1978
