La dramática condición política de “libertad vigilada” en la que se encuentra Hong Kong está a un paso de transformarse en una tragedia. Tal como lamentablemente fue anticipado en las páginas de Correspondencia Romana, la República Popular China pasó a la ofensiva en el terreno de los derechos humanos en Hong Kong: sin prestar ninguna atención respecto a las múltiples protestas de la comunidad política internacional, el brutal régimen totalitario comunista de Pequín extendió también a la Región autónoma de Hong Kong la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el Congreso del Partido Comunista chino a comienzos de junio.
Inmediatamente después de entrar en vigencia la tristemente célebre Ley de Seguridad Nacional, decenas de miles de ciudadanos de Hong Kong salieron a las calles para protestar contra la ley criminal en cuestión, que, de hecho, elimina toda garantía judicial a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, atribuyendo a la autoridad de la policía el poder unilateral de arrestar y condenar a prisión perpetua a todo aquel que incurra en delito de opinión, es decir, de crítica al feroz y antidemocrático régimen comunista de Pequín. La reacción de las fuerzas policiales chinas fue durísima y salvaje: reprimió con violencia las manifestaciones y arrestó a centenas de jóvenes estudiantes, intelectuales, periodistas y abogados – incluso una jovencita de 15 años – con acusaciones muy graves, que prevén la pena de cadena perpetua.
La Ley de Seguridad Nacional es la pieza clave jurídica sobre el que se fundamenta y legitima el régimen de terror policial represivo que el Partido Comunista mantiene sobre la población desde hace 70 años. Terrorismo, subversión, secesión, sedición, connivencia con el extranjero son precisamente los delitos de carácter “político” – o delitos de opinión – que están previstos en la Ley de Seguridad Nacional china. Un paquete legislativo de delitos aplicado en la historia de los regímenes totalitarios del siglo del XX, desde la Unión Soviética al Tercer Reich, para encarcelar, perseguir, hacer desaparecer a los ciudadanos que manifestaran su legítimo desacuerdo con relación a los gobiernos que atentaran contra los derechos del hombre. Según la Ley sobre la Seguridad Nacional de la República Popular China, las autoridades policiales tienen pleno y absoluto poder discrecional de reprimir toda iniciativa pública de carácter político, cultural, religioso que no esté organizada por las autoridades del Partito Comunista chino: en el fondo, ninguna fe religiosa, ningún diario, movimiento cultural, medio de prensa u organización política pueden manifestar sus ideas si no cuentan con la autorización del “Gran hermano comunista”.
Únicamente los países anglosajones asumieron una postura fuerte y clara contra este atentado al estado de derecho y al respeto de las libertades democráticas: el Foreign Office británico condenó expresamente la adopción de la Ley de Seguridad Nacional china y, afirmando con firmeza su papel de garante de los derechos humanos de Hong Kong, colonia inglesa hasta 1997, exigió el respeto de la Basic Law, el acuerdo internacional firmado entre China y Gran Bretaña, con ocasión de la cesión de la colonia, en virtud del cual el estatuto especial a favor de Hong Kong prevé el mantenimiento de la garantía jurídica de los derechos fundamentales del ciudadano conforme el modelo occidental de la Rule of Law liberal.
Es de dominio público que en el criminal régimen comunista chino los derechos civiles, políticos y de libertad no son reconocidos únicamente por el hecho de que el individuo sea una persona humana, sino que son “gentilmente” concedidos por el Partido-Estado en virtud de la sumisión del ciudadano al primado del poder del régimen comunista.
El Primer Ministro inglés Boris Johnson declaró expresamente que es un deber moral, con relación a su propio país, ofrecer el reconocimiento de la ciudadanía británica a los ciudadanos de Hong Kong que tengan el derecho de obtener el llamado BNO (British National Overseas, el pasaporte británico de los ex territorios de ultramar): rarísima prueba de fuerza de ánimo y pulso político que la leadership inglesa siempre ha mostrado a lo largo de la historia frente a la prepotente arrogancia de los regímenes criminales.
El Financial Times informa que está en marcha un verdadero y propiamente dicho “tsunami” en Hong Kong, donde el número de quienes requieren la expatriación está en vertiginoso aumento. Australia, Japón y los Estados Unidos se han mostrado dispuestos a acoger a los ciudadanos de Hong Kong que solicitaron asilo: un hecho que – metafóricamente – recuerda el éxodo dramático de los Boat-people, masas de millones de pobres ciudadanos de Vietnam del Sur que en 1975 huían del terror del régimen comunista de Vietnam del Norte.
En este cuadro siempre más preocupante para el mantenimiento de los valores y principios de los derechos civiles y de la democracia por causa de la siempre más arrogante geopolítica planetaria del régimen policial de China comunista, suscita desconcierto, amargura y fuerte perplejidad un artículo de Avvenire, el cotidiano católico de la Conferencia Episcopal, precisamente respecto al tema de Hong Kong: un enfoque cínico y de indiferente “neutralidad” hermenéutica frente al grito de angustia que emerge de los ciudadanos de Hong Kong.
El historiador Agostino Giovagnoli, redactor del artículo del 3 de julio publicado en Avvenire, cita la Basic Law, el tratado internacional entre la República Popular China y el Reino Unido que regula el régimen jurídico de tutela del estado de derecho en Hong Kong, según los cánones internacionales, afirmando que China tendría el derecho de legislar sobre materias como terrorismo, subversión, secesión, sedición, connivencia con el extranjero, organización de movimientos políticos. Pero el redactor omite de precisar a los lectores que la Basic Law fue expresamente deseada por el mismo Reino Unido como una suerte de “Constitución ad hoc” para la Región especial administrativa de Hong Kong, a fin de garantizar ese sistema de derechos fundamentales internacionales, civiles y políticos del ciudadano, precisamente cuando en el territorio continental de China rige un rabioso régimen jurídico de policía, de impronta totalitaria comunista, que ignora y pisotea las libertades fundamentales del hombre garantizadas por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1949, Declaración que el criminal régimen de Mao Tse-Tung nunca ha firmado; el redactor del artículo en el Avvenire no informa a los lectores que la Basic Law establece que hasta el año 2047 el estatuto especial a favor de Hong Kong prevé el mantenimiento de la garantía jurídica de los derechos fundamentales del ciudadano según el modelo liberal de la Rule of Law británica; el redactor del artículo omite informar a los lectores del cotidiano católico que el peligroso instrumento del que pretende beneficiarse el régimen de Pequín contra la libertad de los ciudadanos de Hong Kong es la introducción de la Ley sobre la extradicción, que permite la extradicción a China continental de todos los ciudadanos de Hong Kong a los cuales sea atribuido uno de los delitos a los que se refiere la Ley de Seguridad Nacional para juzgarlos de acuerdo con el ordenamiento jurídico comunista. En el territorio continental los magistrados chinos, al contrario de sus colegas de Hong Kong, son funcionarios políticos encargados por ley de defender en juicio el interés supremo del Partido Comunista chino, según un modelo totalitario de cuño ideológico marxista-leninista.
En última instancia, Agostino Giovagnoli, en el cotidiano de los Obispos italianos, parece presentar la cuestión de la Basic Law en Hong Kong como una mera, simple, simplísima cuestión de afirmación jurídica legítima de la soberanía política de la República Popular China: parece en cambio ignorar completamente el sistema jurídico-institucional de terror y violación de los derechos humanos que Pequín desde hace décadas utiliza como eje de su criminal régimen comunista, y del cual ahora corren el riesgo de convertirse en víctimas millones de seres humanos, millones de personas, millones de conciencias.
Paradójicamente se podría citar un famoso aforismo de Mao Tse-Tung: «grande es la confusión bajo el cielo». Grande, pero muy preocupante, agreguemos, es la confusión bajo el cielo del compromiso político y pastoral de la Iglesia Católica, añadimos nosotros.
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