El jueves 12 de julio de 2018 el Parlamento portugués, siguiendo los pasos de Dinamarca, Malta, Suecia, Irlanda y Noruega, aprobó un proyecto de ley que permitirá a sus ciudadanos con 16 años cumplidos cambiar el propio sexo y el nombre en el Registro Civil, sin necesidad de presentar ningún diagnóstico médico de “crisis de identidad”.
Al día siguiente de la votación, Sandra Cunha, diputada de izquierda que luchó fuertemente a favor de dicha ley, sosteniendo en el recinto que “Nadie tiene necesidad de un tercero para saber si es un hombre o una mujer, un chico o una chica“, manifestó su satisfacción, destacando como, gracias a la nueva normativa, Portugal se convirtió en “el sexto país europeo en conceder el derecho a la autodeterminación de la identidad transgénero … sin la tutela de un tercero y sin un diagnóstico de perturbación de la identidad”.
Además de establecer el principio de autodeterminación del propio sexo, el proyecto de ley recién aprobado, mediante una propuesta acordada entre el Partido Socialista, el bloque marxista de izquierda y el Partido de las Personas, de los Animales y de la Naturaleza, veta el procedimiento quirúrgico en los niños hermafroditas, es decir aquellos afectados de patologías especiales, nacidos con órganos reproductivos masculinos y femeninos, para que también ellos sean libres de elegir autónomamente, en el futuro, su propio género sexual.
La nueva normativa sobre la identidad de género representa, por tanto, un nuevo paso hacia adelante en materia de autodeterminación respecto a la ley precedente del 2011, que requería a los ciudadanos lusitanos transgénero por lo menos un diagnóstico médico que atestara su disforia de género, término científico con el cual se certifica la patología que especifica la no correspondencia entre la identidad de género percibida y el real sexo biológico de nacimiento de una persona.
La normativa recién aprobada ignoró también los débiles requerimientos del Presidente de Portugal Rebelo de Sousa quien, en el último mes de abril, después de haber vetado la primera versión del texto, se declaró a favor de la ley, siempre y cuando la misma determinara, al menos para el caso de menores de edad comprendidos entre los 16 y 18 años, la necesidad de presentar un informe médico que atestara el disturbio de identidad. Solicitud enviada de nuevo al remitente, toda vez que la parte de la ley relativa a los menores ha sido modificada, pero únicamente para establecer que será requerido un informe médico “que certifique exclusivamente la capacidad de decisión y la voluntad informada, sin mención a un diagnóstico de identidad de género“.
En este punto la ley está nuevamente en las manos del presidente Marcelo Rebelo de Sousa quien, si no opone ulteriores objeciones al documento, dentro de los ocho días, procederá a su promulgación oficial.
A lo largo de pocos años, por lo tanto, Portugal, país de secular tradición católica, capituló bajo los golpes letales del diktat ético global, adoptando en una rápida sucesión las normativas más radicales en materia de género y de homosexualidad. En el año 2010 fue introducido el “matrimonio” gay, en el 2011 el cambio de sexo para los adolescentes de 18 años con diagnóstico de disforia de género, en el 2013 fue aprobada una ley que añadió “la identidad de género” a los crímenes de odio en el Código Penal (después que ya en el año 2017 fuera incluido “la orientación sexual”), en el 2016 fue la vez de la adopción de menores por parejas del mismo sexo y ahora, con la ley que acaba de aprobar el Parlamento, se revisa en un sentido aún más extremo la normativa del 2011 sobre el cambio de sexo con la reducción de la edad de 18 a 16 años y la supresión de la obligación del informe médico. Un verdadero y propio hundimiento ético-cultural que no es otro que la lógica aplicación práctica del slogan símbolo del movimiento LGBT+, reivindicado en el siempre más demandante y vergonzoso Gay Pride “deseamos todo”. En las calles y las plazas de las capitales europeas colmadas de ciudadanos la revolución de género se acelera y cambia el ritmo entrando con prepotencia en sus recintos parlamentarios.
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