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Defender la vida, en Francia y España, ahora sería un crimen

Ahora se sabe que el pasado 30 de noviembre la Asamblea Nacional extendió trágicamente el límite para abortar, de la 12ª semana a la 14ª. Sin ni siquiera darle tiempo a la mujer para reflexionar: de hecho, se ha cancelado el plazo mínimo de al menos 48 horas, anteriormente vigente, entre la entrevista con los asesores psicosociales y la cita en la sala de operaciones. Y también permitió a las parteras realizar abortos quirúrgicos, operaciones que antes estaban reservadas solo para los médicos. En una segunda lectura fue aprobado el texto, rechazado el pasado mes de enero por el Senado. Ahora bien, la última palabra aún no se ha dicho, ya que, antes de que la ley sea definitivamente aprobada, aún tiene que pasar por la votación del Senado y no es seguro que esto suceda dentro del período de la actual legislatura.

La principal responsabilidad del voto favorable en la Asamblea recae en el ausentismo: en el salón de sesiones, de los 577 diputados, solo 123 estuvieron presentes para la votación. Y ya eso solo refleja mucho la superficialidad con la cual los parlamentarios del otro lado de los Alpes enfrentan temas sumamente importantes, delicados y capaces de perjudicar el futuro del país. Al final, con solo 79 votos a favor (el 13,2% de quienes tienen derecho a votar) el proyecto fue aprobado: 36 en contra y una abstención.

Así no fueron escuchadas las críticas de los expertos, como la expresada por el Dr. Israel Nisand, ex-Presidente del Colegio Nacional de los Ginecólogos y de los Obstetras, en una entrevista concedida al diario Le Figaro: cuanto más tarde se realiza el aborto, dijo, es peor, tanto porque mayor es el peligro para la salud física y psicológica de la mujer, como porque en la 14a semana el bebé en el útero mide ya unos 120 milímetros de largo y la cabeza ya está osificada, por lo que la extracción implica el corte del feto y la trituración del cráneo, lo cual «es insoportable para muchos profesionales» o, mejor dicho, para muchos hombres verdaderamente dignos de ese nombre.

Providencialmente, la única nota positiva, la intervención de los «Republicanos» ha permitido mantener al menos la posibilidad de la objeción de conciencia para el personal sanitario, posibilidad que habían exigido a voz en grito los propios médicos y en particular las asociaciones profesionales de categoría como las de Ginecólogos y la de los Obstetras. Incluso el comité nacional de ética se manifestó a favor en diciembre del 2020.
Las organizaciones pro-vida, desde En marche pour la vie hasta la Fundación «Jérôme Lejeune», se movilizaron inmediatamente contra el proyecto de ley, pero no fueron escuchadas. Pero no dejarán de opinar en la próxima Marcha Nacional por la Vida, ya agendada para el 16 de enero en París. Si su voz es fuerte, como es de esperar que lo sea, la esperanza es que quienes estén en el Senado la tengan en cuenta cuando se realice la votación final sobre el deplorable proyecto de ley.

Pero hay peores noticias y son las referentes a cuanto está ocurriendo en España, donde el gobierno socialocomunista en el poder -en concreto, en este caso específico, los partidos aliados Psoe y Podemos- están de acuerdo en establecer penas inclusive de pérdida de la libertad, es decir la de prisión de entre tres meses y un año para quien intente, aunque sea de forma individual, convencer a una mujer de que no aborte, como si salvar al bebé que lleva en su vientre, y no lo contrario, fuera un acto intrínsecamente delictivo. Según informa el autorizado diario español Abc, la convergencia habría sido encontrada en torno a una enmienda al proyecto de ley presentada por el Partido Socialista Obrero, que propone criminalizar a todos aquellos -individuos o grupos organizados- que realicen actividades pro-vida en las inmediaciones de las clínicas abortistas. Un proyecto diabólico, por decir poco.

Se prohíbe entonces montar puestos para informar a las mujeres, se prohíbe también ofrecerles cualquier tipo de ayuda -moral, económica y más aún espiritual-, acciones todas ellas deliberadamente tergiversadas por la izquierda española como si se tratara de un auténtico y propiamente dicho acoso, realizado «mediante actos fastidiosos, ofensivos, intimidatorios o coercitivos que atentan contra la libertad» de las mujeres o «promoviendo, fomentando o participando en concentraciones en las inmediaciones de los lugares donde pueden ser interrumpidos los embarazos». Y esto representa verdadera, concreta y plenamente la distorsión de la realidad, la mistificación de la verdad, la obnubilación de la razón. Démonos cuenta de que intentar ayudar a una mujer que sufre y salvar al hijo que lleva en su seno es presentado por las fuerzas progresistas de España como un acto realizado por peligrosos delincuentes, mientras que abandonar a una mujer, dejarla sola en el quirófano, con sus dudas, sus tormentos, sus problemas, mientras los fríos instrumentos del cirujano asolan la vida inocente vida de la que es madre hasta extinguirla, ¡todo ello sería lícito, más aún correcto, más aún un «derecho»! Está claro para cualquiera que no sea esclavo de la ideología que llegó la noche del ser humano, del avance de las tinieblas y las tinieblas de la muerte.

¡Ya no es posible transigir, aguantar, negociar, fingir que no pasa nada! Combatir el Buen Combate por la vida con fe, fuerza y coraje hoy significa, por tanto, también esto: detener la increíble aproximación de la hoz con relación a la criatura. Y del martillo.

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