En 2004, había pedido a los políticos católicos que pusieran sus acciones públicas en concordancia con las leyes morales enseñadas por la Iglesia; de otro modo, no les sería posible [a los políticos], recibir la Santa Comunión, ya que es un escándalo violar públicamente las leyes morales y después acceder a la Comunión. Ese mismo año, fui trasladado de la diócesis de La Crosse a la de San Luis y los periodistas retomaron la afirmación que había hecho. Poco después, en el encuentro de verano de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos -que tuvo lugar en Denver- hubo una gran discusión acerca de esta práctica disciplinaria de la Iglesia. Algunos de mis hermanos afirmaron que no era necesario castigar a los políticos cuya acción política fuera desordenada. Para mí, no se trataba de un castigo sino, simplemente, de constatar que, algunos, no estaban dispuestos a recibir la Comunión. Entonces, un obispo, me dijo: “Monseñor, usted no puede decir esas cosas, porque la Conferencia Episcopal aún no se ha pronunciado a este propósito”. Le respondía que, la Conferencia Episcopal, no puede sustituir a la misión del obispo en su propia diócesis, que es la de gobernar a su propio rebaño y anunciar la fe. Y agregué: “Monseñor, en el Juicio Final, compareceré ante el Señor, ¡no ante la Conferencia Episcopal!”.»
[Traducción de H.A. Artículo original]
