El balance demográfico en Europa es verdaderamente trágico: la llegada de los últimos datos esperados, los relativos a España y Bosnia-Herzegovina, ha permitido trazar el panorama completo del 2019. Frente a una población de 746.188.694 habitantes, el número de los nuevos nacidos vivos ascendió a 7.070.712, registrando el nivel más bajo jamás alcanzado desde la posguerra al día de hoy. Hasta ahora, el triste récord se había alcanzado en 1999 con 7.205.145 nacimientos, pero ahora hemos logrado algo mucho peor, marcando entre otras cosas una disminución neta del 3.6% incluso en comparación con el 2018, cuando los lazos azul y rosa (niños y niñas) fueron 7.334.162. La caída en el número de muertes tampoco ayudó a reducir la brecha, que pasó de 8.181.998 en 2018 a 8.093.294 en 2019 (-1,1%, no poco).
Ahora será cuestión de entender cómo y cuanto ha influido la emergencia sanitaria en el 2020, pero lamentablemente se prevé que el saldo, al final, pueda ser aún más negativo, sobre todo en los países más afectados por las restricciones y por el consiguiente aumento de la mortalidad por causa de diversas enfermedades distintas del Coronavirus, en particular las cardiovasculares y oncológicas, desatendidas por causa de la pandemia. Aún más significativo, lamentablemente, es el hecho de que estas cifras, aunque conocidas por todos, no constituyen, ni han constituido nunca, ni siquiera en el pasado, un motivo de reflexión, de análisis o de promoción de nuevas y adecuadas políticas familiares.
En un contexto, de suyo tan sombrío y estéril, lamentablemente también hay lugar para otras malas noticias en el lúgubre frente de la cultura de la muerte: del otro lado del mundo, de hecho, la isla de Tasmania podría convertirse en el tercer Estado australiano, después del de Victoria (junio de 2019) y el de Australia Occidental (diciembre de 2019), que legalizará el llamado «suicidio asistido» y la eutanasia. El camino, en ese sentido, parece todo cuesta abajo después de la aprobación, la semana pasada, con 16 sí y 6 no, del correspondiente proyecto de ley por parte de la Cámara baja del Parlamento. A favor, como era previsible, los laboristas y los verdes, es decir, la Izquierda en general.
Dicha normativa se aplicaría a las personas mayores de 18 años que padecen una enfermedad incurable e irreversible en una etapa avanzada, de tal índole que pueden causar la muerte en un plazo de seis meses. Los pacientes podrían renunciar a la decisión de ponerle fin en cualquier momento, al menos en teoría, según la Australian Associated Press. Por su parte, los médicos objetores de conciencia deben proporcionar al paciente solicitante toda la información necesaria para comunicarse con la Comisión estatal para la muerte voluntaria asistida. La Asociación Médica Australiana (AMA) y la Conferencia Episcopal local son contrarias al proyecto de ley: conviene recordar que la Carta Samaritanus bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, del 22 de septiembre último, reafirmó la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el pecado de eutanasia y del suicidio asistido, recordando la obligación de los católicos de acompañar a los enfermos y moribundos con la oración, la presencia física y los sacramentos.
Hasta ahora, todos los intentos llevados a cabo en Australia de introducir medidas similares como las anteriores habían fracasado: el último, cronológicamente hablando, en el 2016 por iniciativa del Parlamento Nacional y en el 2017 en Nueva Gales del Sur; pero esta vez el resultado podría ser diferente: todo dependerá del voto de la Cámara Alta del Parlamento, que es determinante para que el texto se convierta o no en ley a todos los efectos.
Del frente pro-life, las buenas noticias llegan de Guayaquil, Ecuador, donde la Iglesia está preparando un proyecto para enseñar a «pensar, hablar y defender la vida» desde el seno materno: se trata de una serie de sesiones de formación virtual, organizadas en conjunto con la CCBR –Canadian Center for Bioethical Reform– que comenzará el 14 de marzo para enseñar con pruebas científicas que no existe «diferencia entre el acto de matar a un niño nacido y un niño por nacer», así como para explicar cómo defender los derechos humanos del niño por nacer con argumentos bien fundamentados, haciendo así del aborto una opción cada vez más inconcebible para la opinión pública.
El proyecto fue lanzado públicamente el pasado 1º de marzo durante un encuentro online, al que asistieron, sobre todo, colaboradores pastorales y misioneros de diversas provincias del país. Podría constituir una buena oportunidad, «exportable» también a otros lugares.
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