El pasado 12 de mayo, el cardenal Konrad Krajevski, limosnero del papa Francisco, reconectó la energía eléctrica a un edificio ilegalmente ocupado en la Vía de la Santa Cruz en Jerusalén, en el centro de Roma. Para ello, tuvo que romper los precintos colocados por ACEA, la empresa pública que el pasado 6 de mayo había cortado el suministro eléctrico por falta de pago a los okupas que llevan varios años allí y debían más de 300.000 euros de luz. La responsabilidad del impago y de la ocupación ilegal del edificio es de la asociación Action-Diritti in Movimento, centro social dirigido por un militante de extrema izquierda, Andrea Alzetta alías Tarzán, que ha sido denunciado en varias ocasiones por allanamiento de morada, daños materiales en viviendas y resistencia a la autoridad.
El representante del papa Bergoglio ha cometido un acto más grave de lo que cabe imaginar.
El artículo 349 del Código Penal italiano castiga la violación de un precinto colocado por las autoridades con una pena que puede oscilar entre seis meses y tres años de reclusión. Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter delictivo de la conexión, el gesto del limosnero de Su Santidad puede considerarse hurto de energía eléctrica. Por consiguiente, el cardenal Krajevski ha infringido la ley y se ha jactado públicamente de ello, declarando con tono desafiante estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero más allá del aspecto penal, asistimos a la canonización del principio según el cual es lícito vulnerar la ley en provecho propio o de un grupo social.
Es, en una palabra, el principio de la expropiación proletaria practicado por los Tupamaros, las Brigadas Rojas y el movimiento antiglobalización. La certeza del derecho y el respeto a la ley son las únicas barreras que protegen a la sociedad civil de la anarquía y la violencia, pero lo que tienen en común el cardenal Krajevski, celebrado por el diario La Reppublica, como un nuevo Robin Hood, y el exalcalde de Riace, Mimmo Lucano, recibido como una celebridad en la Universidad La Sapienza, o el dirigente de los desobientes, Luca Casarina, recientemente investigado por favorecer la inmigración clandestina, es el menosprecio de las leyes del Estado en nombre de una ética política que poco o nada tiene que ver con la cristiana.
En caso de discrepancia entre la ley positiva y la ley natural se impone indudablemente ésta última. Ahora bien, nuestra sociedad niega la existencia de una moral objetiva y absoluta a la que apelar para rechazar las leyes civiles que se le oponen. Actualmente está en vigor el positivismo jurídico según el cual sólo es bueno y justo lo que la ley define como tal. El cardenal, no sólo no ha actuado en nombre de la ley natural, sino que la ha transgredido, porque el Decálogo prohíbe hurtar; el hurto infringe uno de los mandamientos.
El próximo sábado 18 de mayo se celebrará en Roma la novena edición de la Marcha por la Vida, a fin de renovar la protesta contra la ley 194 del 22 de mayo de 1978, que en cuarenta años ha provocado seis millones de víctimas en Italia. Dicha ley viola el mandamiento de la Ley de Dios que prohíbe matar al inocente. Los abortistas alegan que la mencionada ley es una ley del Estado, y como tal debe ser respetada en su integridad. Si para salvar a un niño del aborto se comete la menor ilegalidad, no habría la menor justificación para el culpable. Los militantes provida tienen incluso prohibido disuadir a las mujeres de abortar, como ha sucedido en Canadá, donde Mary Wagner ya lleva contabilizados cinco años de cárcel por el mero hecho de llevar rosas rojas, información y oraciones a las clínicas aborteras.
Para justificar el acto ilegal del limosnero del Papa se ha invocado el artículo 54 del Código Penal, según el cual «no se puede sancionar a quien ha cometido un delito viéndose obligado por la necesidad de salvarse a sí mismo o a otros de un daño grave para su persona». Eso sí, ningún obispo ni cardenal exhorta a la desobediencia civil contra la ley 194, que impone el homicidio de Estado. Y sin embargo, quitar la vida a un ser humano inocente es mucho más grave que cortar la electricidad durante una semana a unos okupas.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)
