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Unión Europea, Polonia, Hungría, Malta, Ecuador: el enfrentamiento por la vida

Aún se está librando batalla en el frente de la vida. El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea confirmó la decisión de la Comisión de la Unión Europea de
condicionar el desembolso del dinero del Recovery Fund a Hungría y Polonia a que
adhieran al "respeto de los derechos humanos y de los valores fundamentales
consagrados en los tratados", es decir, a la ideología contraria al derecho natural,
particularmente sobre la vida y el género. Roberta Metsola, presidenta del
Parlamento Europeo, aplaudió la sentencia y así demostró haber traicionado todos
los principios provida y profamilia que había proclamado antes de asumir el actual
cargo: en las redes sociales, Metsola escribió que "para el Parlamento el Estado de
Derecho no es negociable".
En julio del año pasado, la Comisión Europea estableció sanciones económicas
contra Polonia y Hungría. Sin embargo, en octubre, el Tribunal Constitucional
polaco respondió negativamente y dictaminó que, efectivamente, algunos artículos
de los tratados de la UE son absolutamente inconstitucionales en su propio país.
Así 12 de los 14 jueces consideraron que formar parte de la UE no atribuye al
Tribunal de la Unión Europea ninguna supremacía sobre las decisiones judiciales
nacionales, ya que Polonia nunca ha cedido su soberanía a nadie. Tan solo un mes
después, el Parlamento Europeo condenó, de un modo por lo demás simbólico, la
sentencia del tribunal polaco que protegía la vida y la familia. Dado que la
imposición de sanciones a ambos países no ha funcionado, se ha pensado ahora en
una suerte de retención en la “fuente” o directamente del dinero prometido con el
Recovery Fund. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifestó
absolutamente de acuerdo.
Pero también para la UE los problemas no terminan nunca: el gobierno de Malta
también rechazó la semana pasada la enérgica petición de Dunja Mijatovic,
comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de legalizar el aborto y de
limitar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. La protección
legal que Malta asegura a los niños no nacidos ha sido incluso comparada con la
tortura por el Comisario Mijatovic, según el cual sus leyes pro-life niegan a las
mujeres los derechos humanos básicos. Estas afirmaciones fueron rechazadas de
inmediato por el gobierno maltés, para el cual -según informa el bisemanal Malta
Today- no existe ningún "derecho intrínseco" a abortar, ni las leyes pro-vida de la
isla ponen de ninguna manera en riesgo la vida de las mujeres:
"En su respuesta a las observaciones del comisario de la UE, el gobierno destacó que
en los últimos diez años no se han producido muertes o complicaciones en
consecuencia de abortos o abortos ilegales". Los líderes políticos al frente de Malta
también dejaron en evidencia que es competencia de cada miembro de la UE el
decidir si incluye o no el aborto entre los llamados servicios de salud sexual y
reproductiva.

Lamentablemente, del otro lado del mundo, la Asamblea Nacional de Ecuador -con
75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones- despenalizó el aborto en caso de
violación, confirmando así una sentencia del Tribunal Constitucional: ahora podrá
serle consentido a una mujer mayor de edad víctima de violencia matar a su bebé
que lleva en el vientre hasta la duodécima semana de gestación (hasta la
decimoctava en el caso de las menores, indígenas y campesinas). Sin embargo, el
texto aprobado en la Cámara ha establecido más límites, ya que la propuesta inicial
era permitir el aborto hasta la 28.ª o incluso sin límite de tiempo, en el caso de
menores o discapacitados. Por el contrario, el calendario de la votación se acortó
considerablemente.
El presidente de Ecuador, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, expresión
del centro-derecha conservador, anunció inmediatamente que vetaría la ley que
debería regular el aborto en caso de estrupo, considerando que la vida debe
respetarse desde la concepción. Esto supondrá una vuelta a la legislación anterior,
que sólo permite el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro o en caso de
estupro de personas discapacitadas.
En resumen, queda en evidencia que, en un mundo distraído por los reflectores
concentrados en la emergencia pandémica, en realidad la que está encendida es la
batalla por la vida.

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