Según reveló Die Zeit el pasado 10 de septiembre, un dossier que circularía por el Vaticano contra la reforma del papa Francisco de los procesos de nulidad matrimonial ha confirmado el clima de grave preocupación que reina en el Vaticano.
Un delicado problema se plantea en este momento para muchas conciencias. Sea cual nuestra evaluación del mencionado motu proprio, este se presenta como un acto de gobierno directo y personal del Sumo Pontífice. Ahora bien, ¿puede un papa errar al promulgar leyes eclesiásticas? Y, en caso de desacuerdo, ¿no tenemos a pesar de todo el deber de guardar silencio en las controversias que suscite? La respuesta nos la dan la doctrina y la propia historia de la Iglesia.
Lo cierto es que muchas veces ha sucedido que un papa yerre en sus actos políticos, pastorales y hasta magisteriales sin que ello comprometa en modo alguno el dogma de la infalibilidad y el Primado romano. La resistencia de los fieles a dichos actos errados, y en algunos casos ilegítimos, del Sumo Pontífice siempre ha sido benéfica para la vida de la Iglesia.
Sin necesidad de remontarme muy atrás en el tiempo, hablaré brevemente de algo que sucedió hace dos siglos. El pontificado de Pío VII (Gregorio Chiaramonti, 1800-1823), como el de su predecesor Pío VI, conoció momentos de dolorosa tensión y enconada lucha entre la Santa Sede y Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses. El 15 de julio de 1801 Pío VII firmó un concordato con Napoleón, pensando poner fin a la época de la Revolución Francesa, pero Bonaparte no tardó en demostrar que su verdadera intención era crear una iglesia nacional que le estuviera subordinada.
El 2 de diciembre de 1804 Napoleón se coronó emperador por sus propias manos, y pocos años después volvió a invadir Roma, anexionando los Estados Pontificios a Francia. El Papa fue encarcelado y trasladado a Grenoble y después a Savona (1809-1812). El conflicto se agudizó con ocasión del segundo matrimonio del Emperador. Napoleón se había casado con Josefina Beauharnais el 2 de diciembre de 1804, en vísperas de la coronación, cuando la Emperatriz se arrojó a las rodillas de Pío VII y le confesó que se había casado con Napoleón por lo civil.
El Papa le había hecho saber a Napoleón que no procedería a la coronación hasta después de casarse por la Iglesia. La boda fue oficiada precipitadamente de noche por el cardenal Fesch, tío de Napoleón. Josefina, sin embargo, no dio herederos al Emperador, y sus orígenes eran demasiado humildes para quien deseaba gobernar Europa emparentándose con sus soberanos. Napoléon decidió por tanto obtener la nulidad del matrimonio para poderse casar con María Luisa de Austria, hija del más importante soberano europeo.
En 1810 un senatus consultus disolvió el matrimonio civil e inmediatamnete después el tribunal diocesano de París dictaminó la nulidad del matrimonio religioso de Napoleón con Josefina. La Santa Sede no reconoció esta declaración de nulidad, obra de prelados complacientes, y cuando el 2 de abril de 1810 el Emperador entró en la capilla del Louvre para casarse en segundas nupcias con María Luisa, encontró vacíos los puestos de trece cardenales invitados a la ceremonia. El Emperador los consideró rebeldes y enemigos del Estado, porque con ese gesto habían querido expresar su convicción de que la nulidad de su matrimonio sólo la podía aprobar el Papa. Los trece purpurados fueron condenados a despojarse inmediatamente de sus hábitos e insignias y vestir como simples sacerdotes.De ahí el nombre de cardenales negros o fervorosos, en contraposición a los colorados, fieles a Napoleón y favorables a su matrimonio.
Pío VII se debatió entre las dos tendencias, pero el 25 de enero de 1813, cansado de la lucha, se firmó un Tratado entre la Santa Sede y el Emperador en el que el Pontífice suscribía algunas condiciones incompatibles con la doctrina católica. El documento, conocido como Concordato de Fontainebleau (cfr. el texto en Enchiridion dei Concordati. Due secoli dei rapporti Chiesa-Stato, EDB, Bologna 2003, nn. 44-55), aceptaba de hecho el principio de la sumisión de la Santa Sede a la autoridad nacional francesa, colocando de facto a la Iglesia en manos del Emperador. Este acto, realizado públicamente por el Papa como jefe de la Iglesia Católica, fue inmediatamente juzgado por los católicos contemporáneos como catastrófico, y así lo consideran todavía los historiadores de la Iglesia.
El padre Ilario Rinieri, que ha dedicado tres volúmenes a estudiar la relación entre Pío VII y Napoleón, escribe que el concordato de Fontainebleau «era calamitoso en extremo para la soberanía del Romano Pontífice y para la propia Sede Apostólica» (Napoleone e Pio VII (1804-1813). Relazioni storiche su documenti inediti dell’archivio vaticano, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1906, vol. III, p. 323), y añade: «Cómo había podido S.S. Pío VII dejarse inducir a suscribir un tratado que contenía condiciones tan desastrosas, es uno de esos fenómenos cuya explicación desafía la lógica de la historia» (Íb., p. 325).
«No es posible describir la siniestra impresión y el pésimo efecto que tuvo la publicación de dicho concordato», recuerda el cardenal Bartolomeo Pacca (1756-1844) en sus Memorias históricas (Ghiringhello e Vaccarino, Roma 1836, vol. I, p. 190). No faltó quien acogiera el concordato con entusiasmo ni quien, aunque criticándolo en voz baja, no hubiera osado manifestar públicamente su oposición, ya fuera por servilismo o por mala formación teológica. El cardenal Pacca, prosecretario de estado de Pío VII, era de esos cardenales que después de haber intentado en vano disuadir al Papa para que no suscribiera el documento, declararon que para remediar el escándalo dado al catolicismo y los gravísimos males que habría acarreado a la Iglesia la ejecución del mencionado concordato, no había otra solución que una rápida retractación y anulación total por parte del Papa. Alegaban, además, el conocidísimo ejemplo de Pascual II en la historia de la Iglesia. (Memorie storiche, vol. II, p. 88).
Y hubo retractación. Ante las quejas de los cardenales “fervorosos, Pío VII, con gran humildad, se dio cuenta del error y el 24 de marzo dirigió una carta a Napoleón en la que se leen las siguientes palabras: «De aquel documento, aunque Nos lo firmamos, diremos a Vuestra Majestad lo mismo que dijo nuestro predecesor Pascual II en el caso similar de un escrito por él firmado que contenía una concesión favorable a Errico V, de la cual su conciencia se arrepintió con razón: «Como reconocemos que aquel escrito estaba mal, lo confesamos como tal, y con la ayuda del Señor deseamos que se corrija de inmediato para que no resulte de él ningún daño a la Iglesia ni perjuicio alguno a nuestra alma»» (Enchiridion, cit., n. 45, pp. 16-21).
En Italia tardó en conocerse la retractación papal; sólo se sabía que se había firmado el concordato. Esto hizo que el venerabile Pío Brunone Lanteri (1759-1830), que dirigía el movimiento Amicizie Cattoliche, redactara al momento un escrito de acerba crítica al acto del Pontífice, en el que entre otras cosas decía: «Se me dirá que es cierto que el Santo Padre todo lo puede, «quodcumque solveris, quodcumque ligaveris, etc.», pero no tiene ninguna autoridad sobre la divina constitución de la Iglesia. Es el vicario de Dios, pero no es Dios ni puede destruir la obra de Dios» (Scritti e documenti d’Archivio, II, Polemici-Apologetici, Edizione Lanteri, Roma-Fermo 2002, p. 1024 (pp. 1019-1037)).
El venerable Lanteri, acérrimo defensor de los derechos del Papado, admitía la posibilidad de resistir al Pontífice en caso de error, porque sabía que la potestad papal es suprema pero no ilimitada ni arbitraria. El Papa, como todo fiel, debe respetar la ley natural y divina, de las que por mandato divino es custodio. No puede cambiar las reglas de la fe ni la divina constitución de la Iglesia (por ejemplo los siete Sacramentos), del mismo modo que el soberano temporal no puede alterar las leyes fundamentales del reino porque, como recuerda Bossuet, si las vulnerase «se trastornarían los cimientos de la tierra» (Sal. 81, 5) (Jacques-Benigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte, Droz, Ginevra 1967 (1709), p. 28).
Nadie podría acusar al cardenal de emplear un lenguaje excesivamente fuerte ni a Pío Bruno Lanteri de poca fidelidad al Papado. Los concordatos, como los motu proprio, las constituciones apostólicas, las encíclicas, las bulas y los breves son actos legislativos que expresan la voluntad del Santo Padre, pero no son infalibles, a menos que el Pontífice al promulgarlos se proponga definir puntos de doctrina o de moral vinculantes para todo católico (cfr. R. Naz, Lois ecclésiastiques, in Dictionnaire de Théologie catholique, vol. VI, coll. 635-677).
El motu proprio del papa Francisco sobre las nulidades matrimoniales es un acto de gobierno susceptible de debate que puede ser revocado por un acto de gobierno posterior. El motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI del 7 de julio de 2007 sobre la liturgia tradicional fue objeto de debate y de considerables críticas (cfr., por ejemplo, la polémica entre Andrea Grillo y Pietro De Marco, Ecclesia universa o introversa. Dibattito sul motu proprio Summorum Pontificum, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013).
El motu proprio del papa Francisco, que hasta el momento constituye su más revolucionario acto de gobierno, no está todavía vigente; entrará en vigor el 8 de diciembre de 2015. ¿Es ilegítimo pedir que en el Sínodo se discuta esta reforma matrimonial y que un grupo de cardenales fervorosos requiera su abrogación?
