La gente está harta de las reivindicaciones de la ideología de género y levanta la voz en el mundo, exigiendo para sus hijos una educación que verdaderamente atienda sus exigencias, exenta de las baratijas ideológicas de “experiencias” LGBT. Lo demuestra cuanto ocurrió en España, por ejemplo, en cuyas escuelas fueron discretamente introducidos programas de género, capaces de producir tan solo confusiones indebidas en los niños, en una etapa, además, particularmente delicada de su desarrollo.

«No permitiremos a la Junta que realice experiencias con nuestros hijos»: es lo que declaró la presidenta de la corporación de Abogados Cristianos de España, Polonia Castellanos. En consecuencia, denunció ante la Suprema Corte de Justicia al asesor de Educación de Castilla y León, Fernando Rey.

La acusación contra este último es la de haber aplicado de modo ilegítimo durante meses en todas las escuelas de la Comunidad autónoma el «Protocolo de atención educativa y de acompañamiento de los alumnos transexuales o con orientación de género irregular». El protocolo jamás fue publicado en el Diario Oficial y con respecto a su aplicación nunca fueron preventivamente informados ni los alumnos, ni mucho menos las familias, que ignoran completamente lo ocurrido.

Dicho programa, por ejemplo, alentó un uso promiscuo de los baños y de la indumentaria, favoreciendo artificialmente no solo la incertidumbre de género, sino aumentando también en aquellos que ni siquiera pensaban al respecto los riesgos de molestias y abusos.

Al hacerlo, según la denuncia, habrían sido violados los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Es decir, un comportamiento gravísimo por parte de los organismos del Estado que, a sabiendas, actuaron sin involucrar a las familias en un recorrido tan problemático y en decisiones tan arriesgadas: «Los niños afectados de disforia de género merecen el mismo respeto por parte de los demás, aunque en casos particulares no se pueden dictar líneas de conducta general», declaró Castellanos. Es decir, solo para que quede claro, «para intentar ayudar a esos niños, no podemos colocar en riesgo a todos los demás».

Más aún: el protocolo en cuestión implicó la adopción de «medidas aún más arriesgadas». Por ejemplo, limitó la patria potestad y la primaria responsabilidad educativa de los padres, especialmente cuando «no estén de acuerdo con el modo de proceder de la Administración pública». Además, los coloquios con los alumnos fueron confiados a asociaciones como Dialogsexe Chrysallis (asociación de las familias de menores transexuales) e impuestos con criterios muy discutibles de «total adoctrinamiento con marcado perjuicio ideológico», y no gestionados-como sería conforme a la ley- por profesionales acreditados y capacitados para garantizar un punto de vista «imparcial».

Además del asesor de Educación fue también denunciada la directora general para la Innovación y la Igualdad Educativa, María del Pilar González, como responsable de la aplicación de este protocolo: denunciada por los Abogados Cristianos, tan pronto como se supo lo ocurrido, intentó justificarse sustentando que la aplicación del Protocolo aún estaba en una «fase experimental», aunque debió admitir que, en realidad, ya había sido implementado en algunas escuelas de Castilla y León y de Valladolid.

Por lo demás, el que la opinión pública no pueda realmente soportar más la prepotencia con la cual el conjunto de organizaciones LGBT intenta inculcar sus pretensiones a los menores de edad, lo demuestra también cuanto ha ocurrido en el Perú: una auténtica rebelión popular fue lo que desencadenó la decisión del Programa Nacional de Instrucción Básica de incorporar en todas las escuelas la palabra de orden de la ideología y del enfoque de género, totalmente a despecho del rechazo manifestado por los padres, las familias y numerosas como también prestigiosas organizaciones.

Frente a tal prevaricación fue inmediatamente organizada una «Gran Marcha Nacional» contra la ideología de género en las escuelas, promovida por los movimientos cívicos «Padres en Acción» y «Con mis hijos no te metas», a la que adhirieron también numerosos movimientos y sobretodo muchísimas familias.

La participación fue imponente: después de dos años de “ensayos”, por lo demás, la gente, ahora exasperada, exige el inmediato retiro de todos los programas de educación de género de las aulas del País sudamericano y un reemplazo de los miembros y de los planes del Consejo Nacional de Educación.

Rodolfo Cortina, portavoz de los «Padres en Acción», declaró a la prensa que esta debe ser considerada «la madre de todas las Marchas» contra toda y cualquier dictadura ideológica: «Unidos más que nunca, todos los grupos pro-familia se manifestaron en todo el país para defender la inocencia de los hijos y exigir una educación digna para todos los peruanos». Ya era hora. En todas partes.

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