La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución con la cual instituyó la Jornada internacional de las víctimas de la persecución religiosa. Se celebrará cada 22 de agosto para denunciar los actos de violencia cometidos en el mundo por motivos confesionales.
Presentada por Polonia, la iniciativa encontró inmediatamente el apoyo de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, pero también de Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Paquistán. En realidad, en los últimos cinco años un mundo mudo e indiferente se hizo substancialmente cómplice, con su silencio, de los genocidios cristianofóbicos, practicados en todas partes, como recientemente denunció un reportaje de la BBC. En todas partes y no solo en Siria y en Irak por causa del Isis.
Se estima que en total han sido 300 millones los cristianos víctimas de violencia, es decir, el 80% del total. De acuerdo con World Watch List 2019, «la opresión islámica continúa siendo la principal fuente de persecución de millones de cristianos». 38 países sobre 50 analizados en la especial clasificación son de mayoría musulmana. En Palestina los cristianos representan ahora menos del 1,5% de la población.
Los adolescentes pertenecientes a la minoría cristiana de Pakistán, transferidos a China, se convierten en las principales víctimas de un tráfico destinado a la explotación sexual. Pero no solo eso: basta leer las crónicas de estos días para darse cuenta de una vida cotidiana marcada por la sangre, las luchas, las pruebas, las dificultades y el sufrimiento incluso en contextos diferentes de los islámicos.
En la India, por ejemplo, el Ministro fundamentalista Pratap Chandra Sarangi, públicamente comparó las conversiones al Cristianismo con la prostitución, el «abuso sexual» y deberían, según él, ser perseguidas como «un crimen y un acto deshumano». A su juicio, las conversiones se darían teniendo por detrás la promesa de una compensación o a la fuerza, sin que jamás haya sido constatado en todo el país un caso del género.
Es conveniente recordar que el Ministro Sarangi siempre ha rechazado la acusación de estar involucrado en el homicidio de un misionero australiano, cometido materialmente por un miembro del grupo Bajrand Dal, del cual en aquella época Sarangi era el jefe territorial.
El interesado desmintió siempre las sospechas, definiéndolas como fantasías «de un demente»: en realidad, él pertenece a una corriente hindú definidamente intolerante respecto a las minorías, discriminadas y amenazadas.
En China las cruces de las iglesias están siendo destruidas; en las escuelas primarias la religión está prohibida y está rigurosamente prohibido «realizar conversiones forzadas de menores», mientras que las universidades confiscaron y censuraron los libros que contienen referencias religiosas, entre los cuales El conde de Montecristo, Resurrección, Notre-Dame de París, y sigue la lista; en la provincia de Henan, los subsidios están siendo garantizados a las familias pobres, que estén dispuestas a destruir las imágenes sagradas.
El objetivo de los perseguidores, en todo el mundo, es claro: borrar el nombre de Jesucristo de la faz de la Tierra. Ante la falta de análisis objetivos, realizados por organismos terceros imparciales y dotados de los poderes necesarios para actuar, es difícil pensar que esta tendencia se invierta. Incluso el establecimiento de una suerte de tribunal internacional para esta clase de delitos arriesgaría revelarse un agujero en el agua o, peor aún, un instrumento colocado en las manos equivocadas.
Muchos, incluso entre los católicos, elogiaron la decisión como un útil y fundamental paso hacia adelante: el propósito es el de hacer significativa una acción, de suyo simbólica, desde un punto de vista al menos de prevención. Sería ya mucho si el 22 agosto de la denuncia y de la conmemoración no fuera substituido por el 22 de agosto de la broma y de la farsa. Alguna duda surge, sea por la generalidad de la fórmula, sea por la tipología de los Estados que apoyaron la resolución de la ONU.
Mientras se habla expresamente de «genocidio» contra los cristianos, la Jornada instituida se refiere más asépticamente a cualquier «persecución religiosa», categoría en la cual, queriéndolo, se puede hacer entrar todo y lo contrario de todo. El hecho, pues, que los Países partidarios de la decisión en su mayoría sean islámicos y que en muchos de ellos las leyes sobre la blasfemia se utilicen regularmente para asesinar o en todo caso para perseguir a las minorías religiosas, cristianos in primis, hace dudar acerca de una correcta aplicación de la iniciativa y de una honesta interpretación del significado de la misma.
El riesgo, solo para ser claros, es que no sean los católicos quienes se beneficiarán de ello, aunque sean absolutamente, con los datos en la mano, los más perseguidos; otros podrán adueñarse de ello y darle una interpretación caricaturesca, para frustrar así los verdaderos objetivos. En ese momento, las víctimas, las verdaderas, además del daño, padecerán también la burla de ver a los mismos torturadores erguirse como paladines de aquellos derechos humanos que ellos fueron los primeros en negar y traicionar.
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